Contexto y competencia

La providencia fue emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en ejercicio de su competencia para resolver recursos de apelación contra autos interlocutorios dictados por los jueces administrativos de primera instancia, conforme a los artículos 125 y 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en concordancia con el numeral 7º del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. El auto impugnado originalmente fue proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira durante la audiencia inicial del proceso de reparación directa instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. La demanda alega responsabilidad administrativa y patrimonial por daños morales y patrimoniales derivados de supuestos actos de acoso, persecución y amenazas dentro de la entidad demandada.

Antecedentes procesales y solicitudes de prueba

El demandante solicitó la práctica de la declaración de parte para que se precise la vivencia subjetiva del daño moral y psicológico sufrido, dado que tales perjuicios no siempre dejan constancia objetiva directa. Por su parte, la entidad demandada solicitó prueba testimonial de un oficial activo de la Policía Nacional, cuyo testimonio se consideró relevante para esclarecer los hechos. El Juzgado de primera instancia negó ambas solicitudes. La declaración de parte fue desestimada porque, según la interpretación legal, no es procedente que una parte solicite su propia declaración, dado que esto implicaría que se fabrique su propia prueba, contraviniendo principios procesales. En cuanto a la prueba testimonial, se negó debido a que la solicitud individualizaba erróneamente al demandante en lugar del tercero cuyo testimonio...