Contexto y marco normativo del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, propondría modificaciones al Decreto 1082 de 2015, que reglamenta el sector administrativo de planeación nacional. Este decreto busca actualizar y complementar disposiciones relacionadas con la contratación pública, en especial frente a la incorporación de criterios ambientales, sociales y anticorrupción en la gestión contractual estatal, en coherencia con leyes vigentes como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El proyecto también responde a recomendaciones internacionales, como las del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, y compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de cambio climático, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción.

Propósito principal y sectores afectados

El propósito central del proyecto de decreto consistiría en modificar el régimen aplicable a la planeación, estructuración y evaluación de los procesos de contratación pública, para incorporar de manera sistemática criterios de sostenibilidad ambiental y social, así como disposiciones anticorrupción. De esta forma, se buscaría orientar el gasto público hacia bienes, obras y servicios que generen valor público, impactos positivos en el medio ambiente y beneficios sociales. Las entidades estatales de los niveles central, descentralizado y territorial estarían afectadas por estas disposiciones, especialmente aquellas que realizan adquisiciones y contrataciones públicas. Además, se involucrarían actores como las cámaras de comercio, Colombia Compra Eficiente y las entidades estatales responsables de la supervisión y ejecución contractual.

Cambios relevantes y medidas específicas propuestas

Entre las modificaciones más relevantes que plantearía el proyecto se incluirían:

• Incorporación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como metodología para evaluar los impactos ambientales y costos totales asociados a bienes, obras o servicios, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final.
• Obligación para las entidades estatales de elaborar planes anuales de adquisiciones con una planeación estratégica que considere metas en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y cambio climático.
• Establecimiento de criterios habilitantes y de evaluación en los procesos de contratación que consideren aspectos ambientales y sociales, garantizando que no se generen obstáculos injustificados a la participación.
• Incorporación de cláusulas y declaraciones anticorrupción en los pliegos de condiciones y contratos, conforme a recomendaciones internacionales para combatir el cohecho en transacciones comerciales internacionales.
• Actualización del régimen de cauciones para impugnaciones en el Registro Único de Proponentes, vinculando el valor de la caución al porcentaje de la utilidad operacional reportada por el inscrito.
• Obligación para las entidades estatales de reportar mensualmente a las cámaras de comercio la información sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual para su registro en el RUP.
• Consulta obligatoria de las listas de inhabilitación publicadas por bancos multilaterales de desarrollo para verificar posibles inhabilidades en los procesos de contratación estatal.
• Regulación para el uso de bolsas de productos y acuerdos marco de precios en las adquisiciones estatales, incluyendo análisis comparativos que consideren costos económicos, sociales y ambientales.

Acciones y disposiciones para la implementación

El proyecto establecería que las entidades estatales deben dejar constancia documental de los análisis realizados, incluyendo estudios previos que contengan evaluaciones del ciclo de vida, análisis de riesgos y justificaciones técnicas, económicas y sociales. Además, se propondría que las cámaras de comercio implementen mecanismos electrónicos para la recepción y registro oportuno de la información relativa a sanciones e inhabilidades. Asimismo, Colombia Compra Eficiente tendría la responsabilidad de emitir lineamientos para orientar la aplicación de los criterios sociales y ambientales en la contratación pública.

Participación de actores clave

Los principales actores implicados en la implementación y supervisión del proyecto serían:

• Entidades estatales de los diferentes niveles y sectores responsables de la contratación pública.
• Cámaras de Comercio, encargadas del manejo y actualización del Registro Único de Proponentes.
• La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como ente rector y orientador en la materia.
• Bancos multilaterales de desarrollo, cuyas listas de inhabilitación deberán ser consultadas.
• Órganos de política pública sectorial en materia de sostenibilidad y contratación estatal.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

De acuerdo con el proyecto, las disposiciones habrían sido publicadas para consulta en la página web del Departamento Nacional de Planeación y en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) durante un periodo determinado en 2026, con el fin de recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía y grupos de interés. Esta fase permitiría la participación ciudadana y la incorporación de sugerencias en el proceso de elaboración final del decreto.