Contexto y antecedentes del caso

En agosto de 2025, un grupo de ciudadanos promovió un medio de protección de los derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Ibagué – Secretaría de Movilidad y el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué S.A.S. La demanda alegaba que no se garantizaba un acceso real y efectivo al transporte público para personas con discapacidad, lo que generaba exclusión y vulneración de derechos fundamentales como la movilidad, igualdad y participación social y económica. Se solicitaron varias medidas cautelares entre las que figuraban la puesta en funcionamiento de vehículos adaptados, capacitación obligatoria para conductores y operadores, publicación de información accesible sobre los vehículos adaptados y un diagnóstico técnico sobre el estado de la flota. Inicialmente, algunas formalidades en la demanda fueron subsanadas y finalmente admitidas para su trámite. Las entidades demandadas argumentaron que la operación y mantenimiento del servicio corresponden a las empresas agentes operadoras del transporte público colectivo, mientras que el Municipio y el SETP ejercen funciones de regulación, vigilancia y supervisión. Por ello, solicitaron la vinculación de dichas empresas al proceso, considerando que son responsables directos de implementar las adecuaciones y medidas solicitadas.

Decisión en primera instancia y recurso de apelación

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió un auto el 9 de octubre de 2025, mediante el cual accedió parcialmente a algunas medidas cautelares. Ordenó al Municipio, mediante la Secretaría de Movilidad, realizar una verificación técnica del estado de los vehículos adaptados para personas con discapacidad y elaborar un informe en un plazo de 45 días. Sin embargo, negó el resto de...