Entidad emisora y contexto normativo
La Resolución 0565 de 2026 fue expedida el 21 de mayo de 2026 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 2.2.3.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Este acto administrativo reemplaza el régimen transitorio que hasta ahora regía en materia de criterios de calidad del agua, consolidando un marco técnico y legal actualizado para la protección y uso sostenible de las aguas en Colombia.
Tema principal y destinatarios
El asunto central de esta resolución es la definición de los criterios de calidad para las aguas superficiales, subterráneas y marinas, aplicables a distintos usos tales como consumo humano, agrícola, pecuario, recreativo, pesca, acuicultura, navegación y preservación ambiental. Está dirigida principalmente a las autoridades ambientales del país, responsables de la regulación, control y monitoreo de los recursos hídricos, así como a los sectores público y privado que interactúan con el recurso hídrico.
Objetivo y finalidad
La resolución tiene como finalidad establecer parámetros claros y actualizados para determinar la aptitud del agua en función de su uso, orientando la planificación, administración y protección del recurso hídrico en Colombia. Además, busca garantizar la calidad del agua para la salud humana, proteger los ecosistemas acuáticos y promover el desarrollo sostenible conforme a las políticas nacionales y los compromisos ambientales internacionales.
Principales decisiones y regulaciones
Se definen los valores máximos admisibles de diversos parámetros físicos, químicos y microbiológicos para cada uso del agua, expresados principalmente en miligramos por litro (mg/L) para aguas continentales y en microgramos por litro (μg/L) para aguas marinas. Entre las regulaciones destacadas se encuentran:
- Criterios específicos para consumo humano y doméstico, incluyendo el manejo de plaguicidas y sustancias con efectos adversos reconocidos, conforme a normas del sector salud.
- Requisitos para el uso agrícola y pecuario, con énfasis en evitar problemas asociados a salinidad y sodio.
- Parámetros para la conservación de flora y fauna, con énfasis en bioensayos y adaptación regional según condiciones naturales.
- Lineamientos para el uso recreativo, pesca, maricultura, acuicultura y navegación.
- Flexibilidad para ajustar los criterios en función de las condiciones naturales o intrínsecas de los cuerpos de agua, con base en información técnica y científica.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de que los análisis para evaluar estos criterios sean realizados por laboratorios acreditados conforme a la Resolución 104 de 2022 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Base legal y relación con normas previas
La resolución se fundamenta en la Constitución Política, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), el Decreto 1076 de 2015, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Espacios Oceánicos y Costeros, el CONPES 3990, y la Ley 2294 de 2023, entre otros instrumentos. Además, deroga el régimen transitorio previsto en los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.13 del Decreto 1076 de 2015, actualizando la regulación vigente.
Plazos y vigencia
La resolución entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial, otorgando a las autoridades ambientales y actores involucrados un plazo para adecuar sus procesos y planes de ordenamiento del recurso hídrico. Los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) en curso no están obligados a ajustar de inmediato sus objetivos de calidad, pero deberán incorporar los nuevos criterios en futuras revisiones.
Impacto potencial
Esta regulación representa un avance importante para la gestión integral y sostenible del agua en Colombia. Al establecer parámetros técnicos claros y adaptables a las condiciones regionales, fortalece el control ambiental, contribuye a la protección de la salud pública y de los ecosistemas acuáticos, y facilita el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental. Su implementación será clave para mejorar la calidad del recurso hídrico y promover un uso responsable y sostenible en todos los sectores, asegurando así un futuro hídrico más saludable y resiliente para el país.
