Contexto y tribunal competente

La providencia objeto de análisis fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en Bogotá D.C., como sentencia de segunda instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El proceso se originó a partir de una demanda interpuesta contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) por una empresa del sector energético, que cuestionó la legalidad de la liquidación y cobro de la contribución adicional para el año 2020.

Antecedentes fácticos y procesales

En agosto de 2020, la SSPD expidió una resolución que liquidó a la empresa demandante una contribución adicional por un monto superior a los dos mil ochocientos millones de pesos, con base en los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. La empresa interpuso recursos administrativos de reposición y apelación, que fueron negados por la misma entidad, confirmando la liquidación. Posteriormente, la empresa acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando infracciones constitucionales, falta de motivación y violaciones al debido proceso, además de cuestionar la base gravable utilizada para la liquidación. Argumentó que la aplicación de dichas normas lesionaba principios constitucionales como la justicia tributaria, la equidad, la no confiscatoriedad y el principio de irretroactividad tributaria.

Consideraciones centrales de la decisión judicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había declarado la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas, ordenando que la empresa no estaba obligada a pagar la contribución adicional para 2020. La Superintendencia apeló esta decisión, defendiendo la vigencia y legalidad de las normas aplicadas y argumentando que la contribución adicional no implicaba retroactividad...