Providencia de segunda instancia en el Consejo de Estado

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, profirió sentencia el 7 de mayo de 2026 en el proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-08132-01. En esta decisión, se resolvió la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2026, en la que se declaró improcedente una acción de tutela interpuesta contra providencias judiciales emitidas por la Subsección C y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como por un juzgado penal de circuito de Bogotá.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante interpuso acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, bajo el argumento de vulneración derivada de varias providencias judiciales, entre ellas sentencias y autos emitidos por autoridades judiciales en procesos relacionados con tutela y decisiones penales. Se cuestionaron fallos de tutela que negaron la procedencia del mecanismo de amparo, así como otras providencias dentro de procesos administrativos y penales. Durante la tramitación, se requirió al accionante precisiones sobre las acciones u omisiones que motivaban la tutela, sin que se corrigieran las imprecisiones en el término otorgado. Como consecuencia, se rechazó la solicitud en primera instancia, decisión que fue impugnada y revisada en segunda instancia. Numerosas autoridades y entidades, como juzgados penales, autoridades administrativas, aseguradoras y ministerios, solicitaron su desvinculación del proceso por falta de legitimación o ausencia de relación con los hechos objeto de la acción de tutela.

Consideraciones jurídicas y razones de la decisión

La Sala confirmó la improcedencia de la acción de tutela en virtud de los siguientes fundamentos:

• Procedencia de la tutela contra providencias judiciales: Se recordó la unificación jurisprudencial que reconoce la posibilidad excepcional de interponer tutela contra providencias judiciales, siempre que se cumplan ciertos parámetros establecidos por la Corte Constitucional.
• Requisito de no tutela contra tutela: La acción de tutela no es procedente para impugnar decisiones adoptadas por otros jueces de tutela, salvo en casos excepcionales en que se demuestre fraude procesal o inexistencia de otros medios de defensa, condiciones que no se acreditaron en el caso.
• Agotamiento de medios de defensa judicial: La Constitución y la regulación legal exigen que previamente se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. En este caso, el accionante no agotó los recursos disponibles para impugnar las sentencias cuestionadas.
• Inmediatez y subsidiariedad: La acción de tutela fue presentada tardíamente respecto de las providencias atacadas, y no se demostraron situaciones de urgencia o daño irremediable que justificaran su uso.
• Respeto a la seguridad jurídica y al debido proceso: La repetición de acciones contra fallos de tutela y el uso abusivo de este mecanismo afectan la coherencia del ordenamiento jurídico y la estabilidad de las decisiones judiciales.

Adicionalmente, la Sala señaló que el uso de expresiones irrespetuosas y temerarias en las demandas no sustenta la vulneración de derechos fundamentales y puede afectar el normal desarrollo del debate jurídico.

Conclusión de la Sala y efectos de la decisión

En consecuencia, la Sala Quinta del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela. Se ordenó notificar a las partes y terceros intervinientes y, una vez ejecutoriada la providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta decisión reafirma la importancia de respetar los límites procesales para la interposición de acciones de tutela contra providencias judiciales y la necesidad de agotar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, garantizando así la seguridad jurídica y la eficacia del sistema constitucional de protección de derechos fundamentales. --- Esta providencia es un referente importante para el tratamiento de recursos constitucionales en Colombia, clarificando los parámetros para la procedencia de la tutela cuando se dirige contra decisiones judiciales y reiterando el papel de los recursos ordinarios como medios idóneos para la defensa de los derechos. De esta manera, se fortalece el respeto por la estabilidad del ordenamiento jurídico y se promueve un uso responsable y adecuado del mecanismo de tutela en el país.