Contexto y antecedentes del caso

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado conoció una impugnación contra la sentencia de primera instancia que declaró improcedente una acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo del Cesar. La acción buscaba proteger derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el principio de favorabilidad, tras la confirmación de una sentencia que negó las demandas de una docente oficial en relación con incrementos salariales. El origen del conflicto radica en la diferencia de porcentajes de aumentos salariales otorgados en los años 2008 y 2009 a docentes ubicados en categorías 2A y 2B del escalafón docente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002. La parte actora alegó que, siendo de categoría 2B, recibió incrementos inferiores frente a la categoría 2A, lo que consideró un trato salarial desigual y violatorio del principio de igualdad y demás derechos fundamentales. Tras agotar reclamaciones administrativas sin éxito, se promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue negado en primera instancia y confirmado por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 14 de agosto de 2025.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo residual y excepcional, cuya procedencia depende del cumplimiento de requisitos estrictos, entre ellos el de relevancia constitucional. Según la jurisprudencia unificadora del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para que proceda la tutela contra decisiones judiciales, debe evidenciarse una vulneración arbitraria...