Contexto y tribunal competente

El auto fue emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en instancia de trámite de una acción de tutela radicada en el año 2026. La providencia se pronunció sobre la manifestación de impedimento presentada por una magistrada asignada inicialmente al proceso, en cumplimiento con las garantías constitucionales de imparcialidad y debido proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso tiene su origen en un proceso de nulidad electoral acumulado, que fue conocido y decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En dicho proceso, varias demandas solicitaron la nulidad del acto de elección de la Fiscal General de la Nación, las cuales fueron negadas mediante sentencia emitida en agosto de 2025. Posteriormente, en marzo de 2026, se interpuso una acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, alegando defectos fácticos y violaciones constitucionales en la sentencia de nulidad electoral. Esta acción fue inicialmente asignada a una magistrada que posteriormente manifestó su impedimento para seguir conociendo del asunto, debido a que mantiene calidad de contraparte en otro proceso judicial con una de las partes involucradas en esta tutela.

Fundamentos y consideraciones de la decisión

El auto se fundamenta en los principios constitucionales del debido proceso y la garantía de imparcialidad judicial, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se aplican, además, las causales de impedimento previstas en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, remitiendo a estas las reglas aplicables para jueces en materia de recusación...