Contexto y antecedentes de la demanda

El 28 de abril de 2026, una persona demandante interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de reparación directa contra diversas entidades públicas, entre ellas la Nación, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Unidad Nacional de Protección, la Superintendencia Nacional de Salud, una EPS y un hospital de Bogotá D.C. La demanda buscaba la indemnización por una serie de hechos relacionados con mala praxis médica en cirugía de genitales, secuestro, tortura, violencia de género, persecución judicial y omisiones por parte de las autoridades, ocurridos desde junio de 2022 en adelante. La demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios morales, psicológicos, económicos, físicos y por daño emergente y lucro cesante, cuantificados en salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), y pidió un aumento excepcional del tope indemnizatorio debido a la gravedad de las violaciones de derechos humanos alegadas, así como la adopción de medidas de no repetición. Se expusieron antecedentes relacionados con la solicitud de atención en salud mental especializada para disforia de género, fallas en la prestación del servicio, incumplimiento de órdenes judiciales, agresiones durante una cirugía programada, secuestro y persecución por parte de autoridades, y múltiples intentos de protección y denuncia que habrían sido obstaculizados. La demandante también señaló amenazas y ataques directos contra su vida e integridad.

Consideraciones sobre la competencia judicial

El despacho estudió la competencia para conocer el proceso conforme a la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones por...