Contexto y antecedentes del proceso

El proceso se tramitó ante la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia. El accionante promovió una acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitando que se ajustaran los salarios en el componente de bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, basándose en los decretos 382, 383 y 384 de 2013. La petición específica fue que se garantizara el reajuste conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, de forma inmediata y sin dilaciones injustificadas, así como la actualización anual con la expedición del salario mínimo legal. El actor alegó que, a pesar de solicitudes previas, las entidades demandadas no habían expedido los decretos necesarios para hacer efectivo dicho reajuste, lo que configuraba un incumplimiento y desconocimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública y el régimen salarial de los servidores judiciales.

Decisiones previas y trámite procesal

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas consideró improcedente la acción de cumplimiento. Este tribunal sostuvo que los decretos invocados regulan el ajuste de la bonificación judicial, pero no establecen un mandato imperativo ni un plazo perentorio para la expedición inmediata de los decretos salariales, concediendo al Gobierno un margen de discrecionalidad para su expedición durante la anualidad correspondiente. Además, acreditó que ya se adelantaban trámites administrativos para la expedición de los incrementos salariales. El accionante interpuso recurso de impugnación,...