Contexto y tribunal competente
La providencia fue dictada por el Consejo de Estado en segunda instancia, atendiendo un recurso de apelación contra un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A. El caso se originó en un proceso de controversia contractual promovido por una sociedad transportadora de gas contra una empresa productora y comercializadora de gas, junto con otras vinculadas, en el que se discutía la existencia y cumplimiento de un Acuerdo Operativo de Balance (AOB) para la gestión de desbalances en el suministro y recepción de gas.
Antecedentes fácticos y procesales
La demanda buscaba que se reconociera la existencia del Acuerdo Operativo de Balance y que se declarara el incumplimiento por parte de la empresa productora al no liquidar los desbalances operativos en el periodo comprendido entre enero de 2014 y agosto de 2016, conforme a lo pactado. Además, se solicitaba la condena al pago de costas y agencias en derecho.
En contestación a la demanda, uno de los litisconsortes necesarios por la parte demandada solicitó la práctica de diversas pruebas, entre ellas:
- Prueba por informe dirigida a las partes procesales para obtener información detallada sobre reclamaciones, medidas regulatorias y consumos efectivos relacionados con el gas nominado y entregado.
- Dictámenes periciales principal y de contradicción para verificar técnicamente los balances del gasoducto y las condiciones de entrega durante la ejecución del contrato.
Durante la audiencia inicial, el tribunal negó el decreto de estas pruebas basándose en que la prueba por informe debe solicitarse a terceros ajenos al proceso y no a las partes procesales, y que los dictámenes periciales no fueron aportados...
