Contexto y antecedentes procesales

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera instancia, había emitido una condena contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta por no ejecutar el desalojo administrativo de invasores en predios urbanos propiedad de la demandante. Esta condena fue confirmada y modificada en segunda instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida en febrero de 2016. Posteriormente, se adelantó un incidente de liquidación de perjuicios con decisiones posteriores que ajustaron el monto reconocido. En octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena libró mandamiento de pago basado en las sentencias y providencias previas, ordenando el pago de una suma por perjuicios materiales y los intereses moratorios correspondientes. En enero de 2025, el tribunal dispuso continuar con la ejecución sin condena en costas. Sin embargo, en septiembre de 2025, modificó de oficio la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, lo que dio lugar a un recurso de apelación ante el mismo tribunal y, posteriormente, a la elevación del asunto al Consejo de Estado para su conocimiento.

Fundamentos jurídicos de la decisión

El magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en su análisis, advirtió que la competencia para conocer del recurso de apelación correspondía a otro despacho judicial, por aplicación del factor de conexidad establecido en el artículo 298 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. Esta norma indica que la ejecución de sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa debe ser conocida por los mismos jueces o magistrados que resolvieron el proceso originario. En este caso, el proceso ejecutivo se deriva...