Contexto y naturaleza de la decisión
El Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, mediante sentencia proferida el 10 de abril de 2026, resolvió el recurso de apelación presentado en un proceso ordinario laboral. La Sala Tercera de Decisión Laboral, integrada por tres magistrados, confirmó la sentencia de primera instancia que absolvió a la empresa demandada de las pretensiones de la trabajadora, quien solicitaba el reintegro a su cargo con condiciones iguales o mejores, pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social e indemnización por despido sin justa causa bajo la protección de la estabilidad laboral reforzada.
Antecedentes fácticos y procesales
La demandante manifestó haber laborado para la empresa desde 2007 mediante un contrato a término indefinido, desempeñándose inicialmente como coordinadora de transporte y posteriormente en gestión logística. Durante la relación laboral, fue diagnosticada con cáncer de tiroides, tratamiento que incluyó cirugía y terapia ablativa, junto con otras afecciones como hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. La trabajadora alegó que fue despedida en 2018 sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, argumentando que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, lo que le confería estabilidad laboral reforzada.
La empresa demandada reconoció la relación laboral pero negó la condición de estabilidad laboral reforzada de la trabajadora, argumentando que ésta había superado su enfermedad y no presentaba incapacidades ni restricciones médicas al momento del despido. Asimismo, sostuvo que la desvinculación obedeció a razones administrativas y económicas, derivadas de irregularidades detectadas en auditoría interna y la necesidad de reducir costos.
En primera instancia, el juzgado laboral absolvió a la empresa, decisión que fue apelada por la demandante.
Consideraciones jurídicas del Tribunal
El Tribunal examinó el concepto de estabilidad laboral reforzada, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Se resaltó que para activar esta protección debe acreditarse:
- La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que dificulte significativamente el desempeño normal del trabajo.
- Que esta condición sea conocida por el empleador antes del despido.
- Que la desvinculación carezca de justificación objetiva y se derive de un acto discriminatorio.
En el caso concreto, el Tribunal concluyó que no se demostró que la trabajadora presentara una afectación sustancial en sus funciones al momento del despido, dado que no existían incapacidades vigentes, recomendaciones médicas ni barreras laborales que impidieran su desempeño. Aunque la trabajadora continuó en tratamiento y controles médicos posteriores, estos no constituyeron un impedimento significativo para su actividad laboral.
Además, la presunción de discriminación que protege el fuero laboral reforzado no se activó debido a la ausencia de vínculo causal entre la condición de salud y la terminación del contrato. El Tribunal valoró testimonios y pruebas médicas, concluyendo que la desvinculación respondió a motivos administrativos y económicos, relacionados con hallazgos en auditoría y reestructuración empresarial, y no a la condición de salud de la trabajadora.
Finalmente, se confirmó la sentencia que absolvió a la empresa y se condenó en costas a la parte actora.
Implicaciones y relevancia jurídica
Esta sentencia reafirma los criterios jurisprudenciales sobre la estabilidad laboral reforzada, enfatizando la importancia de acreditar no solo la existencia de una condición de salud, sino también su impacto efectivo en el desempeño laboral y el conocimiento previo del empleador. Asimismo, delimita el alcance de la protección frente a contingencias médicas, diferenciando entre patologías superadas o controladas y situaciones que efectivamente generan barreras para la labor.
El caso destaca la necesidad de una valoración integral de las pruebas médicas, testimoniales y contextuales para determinar la procedencia de la estabilidad laboral reforzada y la presunción de despido discriminatorio, garantizando un equilibrio entre la protección del trabajador y la facultad del empleador para la terminación del contrato cuando se funde en causas objetivas.
Esta decisión constituye un referente para la interpretación y aplicación del fuero laboral reforzado en Colombia, en especial en casos donde la condición de salud del trabajador es un elemento crucial en el litigio, contribuyendo a la seguridad jurídica y al respeto de los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores.
