Entidades y contexto de la resolución
La Resolución Conjunta 005746 y 000119, emitida el 12 de mayo de 2026 y publicada en el Diario Oficial No. 53.503 el 27 de mayo de 2026, fue adoptada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Su objetivo es definir las medidas coordinadas para la gestión de la seguridad en los procedimientos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia.
Este acto administrativo surge en un contexto marcado por la necesidad de proteger los derechos de los campesinos y comunidades rurales, en consonancia con mandatos constitucionales, la legislación nacional y recomendaciones internacionales, especialmente en el marco de la Reforma Rural Integral y el Acuerdo Final de Paz.
Objetivo y destinatarios
La resolución está dirigida principalmente a la Agencia Nacional de Tierras y a la Fuerza Pública —compuesta por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional— como actores clave en la implementación de procesos agrarios, tales como adjudicación, formalización y saneamiento de tierras. El propósito es garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo efectivo de estos procedimientos, beneficiando a campesinos, trabajadores agrarios, pueblos indígenas y comunidades étnicas, sujetos de especial protección debido a su vínculo histórico y socioeconómico con la tierra.
Decisiones y medidas principales
La resolución establece un protocolo de coordinación interinstitucional para la seguridad en las actividades de la ANT, que incluye:
- Coordinación previa: La Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa coordinará con el equipo de enlace de la ANT para articular las gestiones de seguridad. Se deberá emitir una apreciación de seguridad oportuna, con un plazo máximo de cinco días hábiles para su entrega.
- Programación y coordinación: La ANT remitirá con anticipación el cronograma de visitas en campo al Ministerio de Defensa, que a su vez coordinará con las unidades militares o policiales jurisdiccionales para garantizar la seguridad.
- Desarrollo de la actividad: La Fuerza Pública desplegará acciones de seguridad en las zonas de intervención y mantendrá comunicación continua con el personal de la ANT durante las actividades en terreno.
- Protocolos internos: La ANT actualizará y capacitará a su personal en protocolos de seguridad según los lineamientos de la resolución.
- Acompañamiento posterior: Cuando las condiciones lo requieran, la Fuerza Pública podrá prestar acompañamiento tras la entrega de tierras para prevenir alteraciones del orden público.
Además, se establece que el acompañamiento de la Fuerza Pública estará sujeto a la disponibilidad de recursos y que no implica obligaciones presupuestales adicionales. La resolución también prevé mecanismos para convocar consejos de seguridad o puestos de mando unificados en caso de situaciones extraordinarias que afecten el normal desarrollo de las diligencias.
Base legal y coordinación institucional
La resolución se fundamenta en diversas normas constitucionales y legales, tales como los artículos 2, 58, 60, 64, 65, 208, 209, 217 y 218 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 160 de 1994 y sus modificaciones, el Decreto Ley 2363 de 2015 que creó la ANT, así como decretos reglamentarios relacionados con la Reforma Rural Integral y la seguridad ciudadana.
Se reconoce el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas para el cumplimiento de fines estatales, especialmente en la gestión de seguridad asociada a procesos agrarios que contribuyen a garantizar el acceso progresivo a la tierra y la función social de la propiedad.
Impacto potencial
Esta resolución busca fortalecer la protección de los derechos territoriales de poblaciones rurales vulnerables, asegurando la presencia y el acompañamiento de la Fuerza Pública en actividades de ordenamiento territorial y adjudicación de tierras. De esta manera, se contribuye a crear condiciones de seguridad que faciliten la implementación de la Reforma Rural Integral, promuevan la estabilidad en zonas afectadas por conflictos y apoyen la convivencia pacífica y el desarrollo rural sostenible.
Asimismo, la definición de protocolos claros y plazos concretos para la coordinación interinstitucional apunta a mejorar la eficiencia y seguridad en la gestión de los procesos misionales de la Agencia Nacional de Tierras, favoreciendo la protección de los derechos humanos y la función social de la propiedad rural en Colombia.
En conclusión, esta medida conjunta representa un avance significativo en la articulación institucional para garantizar que los procesos relacionados con el acceso y formalización de tierras se desarrollen en un ambiente seguro y respetuoso de los derechos de las comunidades rurales, fortaleciendo así la paz y el desarrollo territorial en el país.
