Providencia del Consejo de Estado en segunda instancia

El Tribunal Administrativo de una jurisdicción regional emitió un mandamiento de pago contra la entidad ejecutada por una suma determinada, la cual incluía intereses moratorios. Ambas partes presentaron recursos de reposición con argumentos contrapuestos: la parte ejecutante solicitaba la inclusión de costas, mientras que la entidad demandada alegaba cumplimiento de la sentencia y cuestionaba aspectos sobre la obligación y el cálculo de intereses. Posteriormente, el tribunal repuso el mandamiento para incluir las costas y aclaró que la entidad ejecutada no había contabilizado los intereses moratorios conforme a las normas aplicables. En diciembre de 2020, se emitió un auto ordenando continuar con la ejecución y solicitando la presentación de la liquidación correspondiente. La entidad interpuso recurso de apelación contra este auto, argumentando que había cumplido con la sentencia y que la decisión que ordenaba seguir con la ejecución equivalía a una sentencia apelable. Sin embargo, el Tribunal Administrativo rechazó el recurso por improcedente, señalando que según el artículo 440 del Código General del Proceso (CGP), el auto que ordena continuar con la ejecución cuando no se han propuesto excepciones no admite recurso alguno.

Consideraciones jurídicas fundamentales

El Consejo de Estado, en calidad de instancia superior, analizó el recurso de queja interpuesto contra la decisión que negó la apelación. Se recordó que el recurso de queja sirve para que el superior evalúe si fue correcta la negativa a conceder apelación cuando corresponde. El análisis se centró en la naturaleza jurídica del auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Según el artículo 440 del CGP, dicho auto es inimpugnable cuando la parte ejecutada no presenta excepciones oportunamente. En el caso examinado, la entidad ejecutada alegó haber presentado una contestación con excepciones, pero no aportó prueba de ello; además, el tribunal de primera instancia constató la ausencia de tal actuación. Por lo tanto, se concluyó que la decisión del tribunal fue correcta al negar la apelación, dado que el auto que ordenó continuar con la ejecución no es susceptible de recurso. Este criterio confirma la interpretación normativa sobre la impugnabilidad de las decisiones en materia de ejecución.

Decisión y efectos procesales

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado:

• Confirmó que está bien denegado el recurso de apelación contra el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución.
• Ordenó el regreso del expediente al tribunal de origen para continuar con el trámite correspondiente.

Esta providencia reafirma la aplicación estricta de las normas procesales que regulan la ejecución y los recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa. Destaca la importancia de presentar oportunamente las excepciones para poder controvertir decisiones que ordenan la ejecución de obligaciones determinadas. La resolución sirve como referencia para casos similares donde se discuta la naturaleza y recurribilidad de autos dictados en procesos ejecutivos, aportando seguridad jurídica y claridad en la interpretación de los artículos 440 del CGP y 245 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En conclusión, la decisión del Consejo de Estado fortalece la certeza jurídica en los procedimientos ejecutivos y enfatiza la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la impugnación efectiva de decisiones judiciales. Así, se garantiza un adecuado desarrollo del proceso y la protección de los derechos de las partes involucradas.