Contexto y tribunal competente

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar conoció la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Valledupar – Cesar, proferida en el trámite tutelar instaurado contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Esta decisión, adoptada en segunda instancia, se enmarca dentro de la acción de tutela, mecanismo constitucional de protección inmediata y subsidiaria de derechos fundamentales.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, víctima reconocida del conflicto armado colombiano, de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad socioeconómica, denunció la falta de respuesta por parte de la entidad pública frente a sus solicitudes de indemnización y ayuda humanitaria. Pese a que el núcleo familiar ya fue indemnizado años atrás, ella no ha recibido respuesta clara ni decisión de fondo tras ocho años de gestiones. En primera instancia, el juzgado negó el amparo, argumentando insuficiencia probatoria para acreditar la omisión administrativa y la inexistencia de nexo causal con la presunta vulneración de derechos. El tribunal de primera instancia consideró que las pruebas presentadas, consistentes en capturas de pantalla y mensajes digitales, carecían de trazabilidad y no cumplían con los requisitos formales para respaldar la acción.

Argumentos de la impugnación

En segunda instancia, la accionante subsanó las pruebas aportando correos electrónicos oficiales, mensajes de texto y estados de trámite digital que evidencian la presentación oportuna y formal de sus peticiones recientes, así como la falta de respuesta por parte de la UARIV. Además, alegó que la mora administrativa configura una vulneración continuada de sus derechos...