Contexto y antecedentes del caso

Un miembro activo de la Policía Nacional, diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión y en tratamiento psiquiátrico desde 2015, enfrentó dificultades para la continuidad de su atención médica. Tras una valoración médico-laboral en 2023 que estableció una pérdida parcial de su capacidad psicofísica sin reubicación laboral, continuó prestando servicio en distintas localidades, lo cual agravó su condición mental debido al distanciamiento familiar recomendado clínicamente. En 2025, el afectado presentó hospitalizaciones y múltiples incapacidades totales recurrentes. La falta de contratos entre la Sanidad Policial de Aguachica y los prestadores de salud obligó al paciente a acudir a consultas particulares para mantener su tratamiento, generando controversias sobre la validez y transcripción de incapacidades médicas expedidas fuera de la red institucional.

Decisión de primera instancia y argumentos de las partes

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Aguachica, mediante sentencia del 6 de marzo de 2026, tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social y a la dignidad humana del policía. Se ordenó a la UPRES Santander garantizar una consulta psiquiátrica especializada en la red institucional, validar la incapacidad médica particular y asegurar la continuidad del tratamiento sin barreras administrativas. La Unidad Prestadora de Salud de Santander y el Establecimiento Primario de Aguachica impugnaron la decisión, argumentando que el fallo desconocía el régimen especial del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, que exige requisitos estrictos para la transcripción de incapacidades médicas externas, y que no existió vulneración de derechos fundamentales. Sostuvieron que el paciente debía cumplir con los procedimientos administrativos internos y que la acción de tutela era improcedente por...