Providencia judicial y contexto procesal

El pasado 24 de abril de 2026, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de febrero de 2025 por el Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga, en un proceso ordinario laboral. El caso corresponde a una controversia sobre la cosa juzgada constitucional y el pago de salarios y prestaciones sociales tras el reintegro de un trabajador despedido sin justa causa.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, vinculado laboralmente desde 2004 con la empresa demandada para desempeñar labores de herramentero, sufrió diversas patologías relacionadas con su actividad laboral, reconocidas por la Junta Nacional y Regional de Calificación de Invalidez. Tras la terminación unilateral e injustificada de su contrato en junio de 2018, realizó una acción de tutela que ordenó su reintegro definitivo, con observancia de recomendaciones médicas. La tutela estableció que la liquidación de salarios y prestaciones debía tramitarse ante la justicia ordinaria. Posteriormente, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta revocó parcialmente la tutela, confirmando el reintegro y ordenando el pago de la indemnización legal correspondiente, además de prohibir el despido sin autorización del Ministerio del Trabajo. En primera instancia, el Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga declaró la cosa juzgada constitucional respecto al reintegro, pero consideró que no operaba para las pretensiones relacionadas con salarios, aportes y prestaciones correspondientes al período entre el 15 de junio y el 5 de septiembre de 2018, condenando a la empresa a realizar dichos...