Contexto y emisión de la directiva
La Directiva Presidencial 05 de 2026 fue emitida el 4 de junio de 2026 por la Presidencia de la República y publicada en el Diario Oficial No. 53.512. Su destinatario principal son el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos órganos son clave para la implementación y supervisión de políticas sociales orientadas a grupos vulnerables y sectores históricamente marginados.
Objetivo principal
La directiva busca garantizar la continuidad, articulación, eficacia y sostenibilidad de las políticas, programas y estrategias dirigidas a proteger y garantizar derechos a sujetos de especial protección constitucional y poblaciones discriminadas o excluidas. Esta necesidad surge tras la declaración de inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, decisión que entrará en vigor tras el cierre de la Legislatura 2025-2026, es decir, el 20 de junio de 2026.
Instrucciones y lineamientos clave
Para asegurar la continuidad institucional, la Presidencia impartió varias directrices:
- Priorización y trámite normativo: Los ministerios y departamentos señalados deben adelantar y culminar, dentro de los plazos establecidos por la Secretaría Jurídica, los proyectos de decreto relacionados con la reorganización institucional, incluyendo modificaciones de planta y estructura, así como supresión y liquidación de funciones.
- Acompañamiento técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública: Este organismo, como rector del sector, prestará asesoría técnica en empleo público, organización administrativa, gestión institucional y racionalización de trámites, conforme al Decreto 1083 de 2015.
- Participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Este ministerio, a través de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, evaluará la viabilidad financiera y presupuestal de las medidas adoptadas, conforme al Decreto 1068 de 2015.
- Intervención del Departamento Nacional de Planeación: Brindará apoyo técnico para asegurar la coherencia de las medidas con los instrumentos de planeación nacional y metas gubernamentales, según el Decreto 1893 de 2021.
- Acompañamiento jurídico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: Será responsable de identificar y mitigar riesgos legales derivados del proceso de reorganización, especialmente en relación con derechos laborales y situaciones administrativas de servidoras y servidores públicos vinculados al Ministerio de Igualdad y Equidad.
Base legal y marco normativo
La directiva se fundamenta principalmente en el artículo 138 de la Constitución Política, que establece la función de la Presidencia para expedir directivas y coordinar la administración pública. Además, responde a la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, y a la necesidad de dar cumplimiento a dicho fallo durante el plazo transitorio de dos legislaturas para evitar la interrupción de políticas sociales cruciales.
Impacto potencial y plazos
El impacto principal de esta directiva radica en preservar la protección de los derechos y la ejecución de programas sociales en favor de poblaciones vulnerables, evitando un vacío institucional tras la eventual desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad. El Gobierno nacional ha radicado un nuevo proyecto de ley para crear nuevamente este ministerio, pero ante la falta de avance legislativo, la directiva establece medidas administrativas que garantizan una transición ordenada.
Como plazo clave, los actos administrativos para implementar estas medidas deben ser remitidos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, firmados por los ministros y directores correspondientes, a más tardar el 17 de junio de 2026, asegurando así la expedición oportuna antes de la expiración de la Ley 2281.
