El Congreso de Colombia ha decretado modificaciones importantes en la Ley 599 de 2000, específicamente en los artículos 162 y 188D, para enfrentar el reclutamiento ilegal y la utilización de menores de 18 años en la comisión de delitos. Estas reformas buscan proteger de manera más efectiva a niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de especial protección constitucional.

Principales cambios en la legislación penal

El artículo 162, que sanciona el reclutamiento ilícito, establece ahora penas de prisión entre 480 y 600 meses, así como multas significativas, para quienes recluten, utilicen u obliguen a menores a participar en hostilidades o acciones armadas en el marco del conflicto armado. Por su parte, el artículo 188D tipifica como delito grave el uso de menores para la comisión de delitos, imponiendo penas de 18 a 30 años de prisión, independientemente del consentimiento dado por el menor, que no será causa de exoneración. Además, se contemplan aumentos penales de entre un tercio y la mitad cuando la víctima sea menor de 14 años, o cuando el uso del menor involucre grupos armados o estructuras criminales.

Estrategias preventivas y protección integral

La ley obliga al gobierno nacional a adoptar, mediante decreto reglamentario, un Plan Nacional de Prevención contra el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Este plan se enfocará en reducir factores de riesgo, fortalecer entornos protectores como la familia, la escuela y la comunidad, y promover la estabilidad socioeconómica. Se establecen además mecanismos para focalizar programas en territorios identificados como de alto riesgo, con especial atención a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mediante estrategias pedagógicas...