Contexto y competencia judicial

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en segunda instancia, conoció el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio de Tunja el 29 de noviembre de 2023. Este último había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda laboral, relacionada con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales. Tras declararse impedido un magistrado por haber conocido el proceso en instancia anterior, la Sala de Decisión Tercera asumió el conocimiento del asunto, confirmando su competencia conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes del caso

El demandante, vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde 2019, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad parcial del artículo 1° del Decreto 383 de 2013, específicamente la expresión que limita la bonificación judicial a ser factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema general de pensiones y de seguridad social en salud. La petición incluía el reconocimiento, reliquidación y pago retroactivo de prestaciones sociales con inclusión de dicha bonificación como factor salarial pleno. La entidad demandada negó la solicitud, argumentando la competencia exclusiva del Gobierno Nacional para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y defendiendo la aplicación estricta del decreto vigente, que goza de presunción de legalidad. Además, mencionó limitaciones presupuestales para realizar pagos adicionales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala reiteró que la noción de salario debe entenderse en sentido amplio, conforme a la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo y tratados internacionales ratificados por Colombia, como el Convenio 95...