Contexto del proceso y antecedentes
El proceso se originó a partir de la interposición de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos actos administrativos emanados del Instituto de Tránsito de Boyacá. En dichos actos se impuso una sanción económica millonaria y la cancelación de la licencia de conducción a un particular, quien fue declarado contraventor por negarse a practicarse la prueba de alcoholemia tras un incidente en un peaje.
El demandante alegó que la prueba fue irregularmente aplicada debido a la falta de equipo y a un desmayo sufrido por una condición médica previa. Además, cuestionó la competencia de la funcionaria que impuso la sanción, argumentando que, por ser contadora pública y no abogada, carecía de idoneidad para ejercer funciones jurisdiccionales en materia sancionatoria.
En primera instancia, el Juzgado Administrativo negó las pretensiones de la demanda, afirmando que se mantuvo la presunción de legalidad de los actos administrativos, que la funcionaria cumplía con los requisitos del manual vigente en el momento de su nombramiento y que el procedimiento se ajustó a la normativa aplicable.
Análisis jurídico y consideraciones del Tribunal
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en ejercicio de la segunda instancia, revisó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, centrado en la supuesta incompetencia de la funcionaria que profirió la resolución sancionatoria.
El análisis se sustentó en los siguientes puntos clave:
- Competencia y validez del nombramiento: La función pública desempeñada correspondía a un cargo de profesional universitario de libre nombramiento y remoción. Al momento de la vinculación, la funcionaria cumplía los requisitos del manual de funciones vigente, que permitía la ocupación del cargo...
