Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en segunda instancia, resolvió un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Tunja. Dicha sentencia, proferida el 29 de abril de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda interpuesta por servidores públicos de esa entidad, quienes solicitaron la nulidad de un acto administrativo que les negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación desde 2011 y 2013 respectivamente, reclamaron que la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013 debía ser considerada como salario integral para efectos de liquidar prestaciones sociales tales como cesantías, primas, vacaciones y demás emolumentos legales. La entidad demandada negó esta solicitud mediante un acto administrativo fechado en julio de 2024, argumentando que la bonificación judicial solo constituía factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme al decreto mencionado. En primera instancia, el juzgado accedió parcialmente a la demanda, declarando la inaplicación de la expresión del decreto que limitaba el carácter salarial de la bonificación judicial. Además, ordenó la nulidad del acto administrativo y condenó a la Fiscalía a reliquidar y pagar las prestaciones sociales correspondientes, con reconocimiento de intereses y ajustes conforme a la ley. Se estableció también la prescripción extintiva sobre los derechos laborales anteriores al 18 de abril de 2021.

Consideraciones jurídicas...