Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, actuando en segunda instancia, fue la encargada de emitir el auto que admite el recurso de apelación. La decisión se da en el marco de una acción de tutela y protección de derechos e intereses colectivos vinculados al goce de un ambiente sano y el manejo racional de los recursos naturales, en cumplimiento con la Constitución Política y la legislación ambiental vigente.

Antecedentes del caso

El proceso se originó por la demanda presentada contra el Departamento de Antioquia, el municipio de Guarne, Empresas Públicas de Medellín (EPM), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE). Los demandantes alegaron vulneración de derechos colectivos relacionados con la conservación del equilibrio ecológico, la protección de especies y ecosistemas, así como la seguridad y salubridad públicas. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 12 de marzo de 2026, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se habían vulnerado los derechos colectivos invocados. Posteriormente, tanto los demandantes como los coadyuvantes, entre los cuales se encuentran representantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Ondita, presentaron recurso de apelación contra dicha sentencia.

Consideraciones y fundamentos de la providencia

El Consejo de Estado analizó los recursos de apelación y verificó el cumplimiento del término legal establecido en el artículo 322 del Código General del Proceso (CGP), encontrando que fueron presentados oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia impugnada. En consecuencia, el Despacho decidió admitir los recursos de apelación para su estudio y posterior decisión. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del CGP y el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, se ordenó remitir el expediente al Despacho para que se pronuncie sobre las solicitudes probatorias consignadas en los recursos, así como sobre cualquier otra prueba que se aporte en el curso del trámite. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde la admisión del recurso hasta antes de que el expediente sea remitido para sentencia, conforme al numeral 6 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), garantizando así la participación de esta entidad en la defensa de los intereses colectivos.

Implicaciones procesales

Con la admisión del recurso, el proceso continuará su trámite en segunda instancia ante el Consejo de Estado, donde se evaluarán los argumentos de las partes y las pruebas allegadas para determinar si efectivamente se han vulnerado los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la jurisdicción objeto de la controversia. Esta providencia refleja la importancia del control judicial en materia ambiental y el acceso efectivo a la justicia para la protección de derechos colectivos consagrados en la Constitución y la legislación colombiana. Además, pone de manifiesto la función del Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo en garantizar el cumplimiento de los derechos ambientales y la conservación de los recursos naturales. La decisión fortalece la vigilancia sobre las autoridades y entidades involucradas en la gestión ambiental, contribuyendo a la promoción de políticas públicas que aseguren el desarrollo sostenible y la preservación del entorno en el departamento de Antioquia. NOTA: La providencia fue firmada electrónicamente garantizando su autenticidad e integridad conforme a la normativa vigente.