Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su calidad de instancia de decisión, profirió un auto referente a la admisión de un recurso extraordinario de revisión presentado en un proceso de reparación directa. Este recurso busca revisar una sentencia ejecutoriada emitida en 2011 por una de las Secciones del mismo Consejo, en la que se determinó la indemnización por perjuicios ocasionados a un inmueble propiedad del recurrente.

Antecedentes fácticos y procesales

El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto a finales de febrero de 2026 por el apoderado judicial del recurrente, quien alegó la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta causal refiere el hallazgo posterior a la sentencia de documentos decisivos que podrían haber modificado la decisión, y que no pudieron aportarse antes por fuerza mayor, caso fortuito o por la actuación de la parte contraria. Concretamente, se adujo la existencia de un hecho nuevo relacionado con la adquisición del inmueble por parte de la entidad territorial demandada, información que no estuvo disponible durante el proceso original y que, según el recurrente, invalida los supuestos fácticos en los que se basó la sentencia.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

Para resolver sobre la admisión del recurso, la Sala Plena aplicó las disposiciones del CPACA, incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. La competencia para conocer del recurso reside en la Sala Plena a través de sus Salas Especiales de Decisión, conforme al artículo 249 del CPACA y el Reglamento Interno del Consejo de Estado. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo excepcional que permite cuestionar sentencias ejecutoriadas para restablecer la justicia material cuando se presentan situaciones nuevas e imprevisibles. Su admisión requiere el cumplimiento de requisitos formales estrictos, entre ellos: la prueba de ejecutoria de la sentencia impugnada, la indicación clara de la causal invocada, la presentación del poder especial, la aportación de las pruebas y la correcta notificación a la parte contraria. En el caso analizado, el Consejo constató que no se aportó prueba suficiente para acreditar la ejecutoria de la sentencia de 2011, requisito indispensable según el artículo 248 del CPACA para la procedencia del recurso. Además, aunque se cumplió con la identificación de las partes, la narración de los hechos y la causal invocada, se detectaron deficiencias en la indicación de la dirección y canal digital para notificaciones personales de la parte demandada y en la constancia de envío del recurso a dicha parte, conforme a los numerales 7° y 8° del artículo 162 del CPACA.

Decisión y trámite ordenado

En consecuencia, el Despacho inadmitió el recurso extraordinario de revisión y concedió un plazo de cinco días para que el recurrente subsane las observaciones señaladas. En particular, deberá aportar la constancia de ejecutoria de la sentencia, indicar el lugar y canal digital para notificaciones de la entidad demandada y demostrar el envío de copia del recurso a la contraparte. La falta de cumplimiento acarreará el rechazo definitivo del recurso. Finalmente, se reconoció la personería del apoderado judicial en el proceso, quien cumplió con los requisitos legales para actuar en representación del recurrente. Esta providencia refleja la rigurosidad con que el Consejo de Estado examina la admisión de recursos excepcionales, garantizando el respeto al debido proceso y la adecuada tramitación de las pretensiones judiciales en materia administrativa. Con esta decisión, se reafirma el compromiso de la justicia administrativa con la transparencia y el cumplimiento estricto de los procedimientos legales, asegurando que los recursos presentados cumplan con los estándares necesarios para su análisis y resolución.