Contexto y naturaleza de la providencia

El pasado 2 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió un auto interlocutorio en el proceso identificado como acción de nulidad relativa número 11001032400020180007200, promovido por una sociedad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con la intervención de un tercero interesado. La providencia responde a la etapa procesal previa a la interpretación prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de nulidad relativa cuestiona actos administrativos relacionados con certificados de registro industrial. En el desarrollo del proceso, surgió la necesidad de interpretar la norma comunitaria contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, lo cual usualmente requiere solicitar interpretación prejudicial al TJCA, conforme al artículo 33 del Tratado de Creación de dicho tribunal. Sin embargo, la interpretación de esta norma ya ha sido objeto de pronunciamientos previos publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que dio lugar a la aplicación de la doctrina del acto aclarado.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El auto interlocutorio explica que, aunque la solicitud de interpretación prejudicial es obligatoria para los jueces nacionales de única o última instancia, la doctrina del acto aclarado permite prescindir de dicho trámite cuando la norma comunitaria ya ha sido interpretada en pronunciamientos previos debidamente publicados. En este caso, el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 ha sido interpretado en las sentencias comunitarias 344-IP-2022 y 49-IP-2018, entre otras, por lo que la Sala optó por no solicitar nueva interpretación prejudicial. Además, la providencia ordena a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) los reportes actualizados de los certificados de registro involucrados y adicionarlos al expediente. Posteriormente, se corrió traslado a las partes e intervinientes por tres días para este fin. Con base en el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), una vez cumplidos estos requerimientos, se otorgó un plazo común de diez días para que las partes presenten alegatos de conclusión. Asimismo, se informó al Ministerio Público sobre la posibilidad de presentar concepto en el mismo término. Finalmente, el auto determina la prescindencia de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 del CPACA, agilizando así el trámite procesal.

Conclusión

Con esta providencia, el Consejo de Estado reafirma la aplicación práctica de la doctrina del acto aclarado en procesos de interpretación normativa comunitaria, optimizando la administración de justicia sin afectar el derecho de defensa de las partes. Asimismo, demuestra la coordinación entre autoridades nacionales y comunitarias en la interpretación de normas supranacionales y el uso de medios tecnológicos para la actualización documental. La decisión marca un paso relevante en la eficiencia procesal en materia de propiedad industrial y revisión administrativa, fortaleciendo la seguridad jurídica y la celeridad en la resolución de conflictos relacionados con la protección de derechos industriales.