Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, emitió una sentencia en apelación contra un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había decretado la suspensión provisional de dos resoluciones expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Estas resoluciones declararon el incumplimiento contractual de una sociedad contratista y le impusieron una multa millonaria en el marco de un contrato de arrendamiento para almacenamiento de expedientes judiciales.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad contratista demandó a la Nación – Rama Judicial, específicamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, solicitando la nulidad de los actos administrativos que le declararon incumplimiento y le impusieron una multa superior a mil millones de pesos. La controversia surgió tras la ejecución de un contrato de arrendamiento de un inmueble para almacenamiento de archivos judiciales, cuyo plazo vence en 2026 y cuyo valor supera los diez mil millones de pesos. Durante una visita de supervisión en febrero de 2023, se identificaron deficiencias en el inmueble arrendado, tales como insuficiente estantería metálica, falta de equipos biométricos, ausencia de servicios de internet y videovigilancia, y carencia de señalética y equipos contra incendios. Se otorgó un plazo de 30 días hábiles para subsanar estos hallazgos. Sin embargo, antes de que venciera este término, la entidad contratante inició un procedimiento sancionatorio, citando al contratista a una audiencia por presunto incumplimiento contractual. Tras la audiencia, se declaró el incumplimiento y se impuso una multa conforme al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011...