Contexto y antecedentes del caso

La controversia judicial se origina con la demanda presentada por una compañía minera en contra de la Agencia Nacional de Minería (ANM) mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La empresa solicitó la anulación de dos resoluciones emitidas por la ANM en 2021 y 2023, que rechazaron y archivaron su propuesta de contrato de concesión minera para la exploración y explotación de un yacimiento de oro en el Valle del Cauca. El fundamento de la demanda radica en que la autoridad minera condicionó el otorgamiento del contrato a un requisito de capacidad legal relacionado con la duración societaria mínima de la solicitante, que no está expresamente previsto en la normatividad aplicable. La compañía cuestionó la legalidad de estas resoluciones, alegando violaciones al artículo 83 de la Constitución Política, que establece el principio de buena fe en las actuaciones administrativas, y solicitó el restablecimiento de sus derechos, además de indemnización por perjuicios. Simultáneamente, se solicitó el decreto de medidas cautelares, entre ellas la suspensión provisional de los actos administrativos impugnados y la suspensión de cualquier trámite o concesión minera sobre el área objeto de la disputa, con el fin de preservar el derecho de prelación y evitar perjuicios irreparables durante el proceso judicial.

Decisión de primera instancia y apelación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, negó el decreto de las medidas cautelares solicitadas. Fundó su decisión en que el análisis de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos debía realizarse en la sentencia y no en la etapa cautelar. Además, consideró que no se...