Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado conoció y resolvió el recurso de apelación contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, primera instancia, el 28 de enero de 2026. Este auto declaró improcedente la práctica de la prueba pericial decretada en el marco de un litigio contractual entre el Fondo Adaptación y la empresa contratista.

Antecedentes fácticos y procesales

El litigio se originó por el incumplimiento del contrato de obra para la construcción de un hospital en el departamento de Nariño. El Fondo Adaptación, demandante, alegó retrasos y modificaciones que impidieron la ejecución oportuna y adecuada del proyecto, solicitando la liquidación contractual y el reconocimiento de perjuicios. La empresa contratista y otros intervinientes se opusieron a las pretensiones, aduciendo incumplimientos atribuibles a la entidad contratante y negando la existencia de daños. En el trámite procesal, ambas partes solicitaron la práctica de pruebas periciales para determinar el estado de la obra, cuantificación de perjuicios y demás aspectos técnicos vinculados. El Tribunal Administrativo, mediante auto en audiencia inicial, decretó estas pruebas y fijó un plazo de tres meses para su incorporación al expediente. Sin embargo, el demandante no aportó los dictámenes periciales en el término establecido. A pesar de que alegó que realizó gestiones administrativas desde septiembre de 2024 para cumplir con la prueba, no presentó los soportes documentales oportunamente ni solicitó prórroga para el plazo otorgado. Por ello, el Tribunal declaró improcedente la práctica de la prueba pericial por vencimiento del término y falta de cumplimiento de la carga procesal.

Consideraciones de la...