Contexto y antecedentes del caso

El proceso judicial se originó tras la presentación de una demanda por parte de una sociedad comercial contra la UNGRD, con el objetivo de que se declarara el incumplimiento de un contrato relacionado con el suministro de maquinaria amarilla para atender una emergencia generada por la temporada de lluvias en un municipio de Nariño. La demanda pretendía el reconocimiento de la vigencia del contrato, la declaración del incumplimiento por parte de la entidad estatal y el pago de los intereses moratorios derivados de dicha situación. El contrato fue activado mediante una orden de proveeduría emitida en diciembre de 2021. La sociedad demandante cumplió con la prestación del servicio, que fue recibido a satisfacción en junio de 2022, firmándose el acta correspondiente. Sin embargo, la UNGRD no realizó el pago total acordado, lo que motivó diversas reclamaciones de la empresa desde junio de 2023 y la posterior presentación de la demanda en diciembre de 2024. El Tribunal Administrativo de Nariño rechazó la demanda por considerar que se había presentado fuera del término legal de caducidad previsto para este tipo de controversias contractuales, que es de dos años contados desde la terminación del contrato.

Consideraciones jurídicas y régimen especial de contratación

El Consejo de Estado analizó si el contrato celebrado entre las partes requería liquidación judicial y cuál era el régimen aplicable. Se estableció que, en situaciones de calamidad pública declaradas conforme a la Ley 1523 de 2012, los contratos celebrados para la atención de emergencias se rigen por el derecho privado, con la posibilidad de incluir cláusulas excepcionales previstas en la...