Contexto y tribunal competente

La providencia judicial, en forma de auto, fue emitida por el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en segunda instancia. Este proceso se inició con una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo Regional Quindío contra el Departamento del Quindío, el municipio de Salento y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la vinculación de entidades nacionales como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda, instaurada en diciembre de 2019, buscaba la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la defensa de los bienes de uso público y del patrimonio público, así como el acceso a infraestructura adecuada para garantizar la salubridad pública. El caso se centró en la falta de construcción de un puente que conecta las veredas El Agrado y Llano Grande, situación que afectaba la calidad de vida de la población local. En octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la vulneración de los derechos colectivos invocados. Posteriormente, en noviembre de 2021, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para su revisión en segunda instancia, proceso durante el cual se ordenó la práctica de pruebas de oficio para obtener informes detallados sobre la ejecución, financiación y viabilidad del proyecto de construcción relacionado con la reducción del riesgo en la región.

Consideraciones y decisiones del Consejo de Estado

En el auto proferido el 1 de junio de...