Contexto y antecedentes del proceso

El 4 de julio de 2013, el demandante presentó una demanda ejecutiva contra el Municipio de Puerto Wilches, buscando el cumplimiento de una sentencia de segunda instancia emitida en 2011 por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Esa sentencia reconoció el pago de ciertas sumas de dinero con sus intereses moratorios a favor del demandante. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander libró mandamiento de pago y ordenó la continuación del proceso ejecutivo. En mayo de 2025, el mismo tribunal decretó diversas medidas cautelares, incluyendo embargos y secuestros sobre ingresos y rentas del municipio provenientes de fuentes como Ecopetrol S.A., recaudos por multas de tránsito, impuestos prediales y de rodamiento, así como ingresos por concepto de servicios públicos y tasas sobre la gasolina y el gas. El Municipio interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra estas medidas cautelares, recurso que fue concedido en efecto devolutivo por el Tribunal Administrativo de Santander en septiembre de 2025. El proceso fue remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación.

Fundamentos jurídicos y decisión adoptada

El auto se fundamenta en el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, que regula la competencia por conexidad para la ejecución de sentencias proferidas por la jurisdicción administrativa. Según esta norma, la competencia para conocer procesos ejecutivos derivados de sentencias del Consejo de Estado corresponde a los mismos despachos que emitieron la sentencia en primera...