Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó en mayo de 2011 a partir de una demanda presentada en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, prevista en la Ley 472 de 1998. Los demandantes solicitaron la protección del goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la moralidad administrativa, en relación con el cercado del sector conocido como la Banca de Guerrero, ubicado en El Manzanillar, municipio de Santiago de Tolú. El Tribunal Administrativo de Sucre inicialmente negó las súplicas de la demanda en 2013, pero luego se concedió el recurso de apelación interpuesto por los demandantes. El expediente fue asignado al Consejo de Estado para su competencia, donde se admitió el recurso de apelación y se adelantaron diversas diligencias, incluyendo la solicitud y decreto de pruebas de oficio.

Decretos de prueba y diligencias complementarias

En febrero de 2020, el Consejo de Estado ordenó requerimientos a autoridades locales y regionales para certificar la naturaleza jurídica y ambiental del “Camino Guerrero”, y decretó una inspección judicial acompañada por un perito topógrafo. En desarrollo de estas pruebas, se solicitó información al alcalde del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE), a la Dirección General Marítima (DIMAR) y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). A lo largo del proceso, algunas respuestas fueron entregadas, mientras que otras autoridades no cumplieron cabalmente con las órdenes impartidas, generando retrasos significativos en la investigación. Por ejemplo, el informe pericial originado en la inspección judicial realizada en septiembre de 2024 no fue presentado en el término...