La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo judicial previo y amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana de una familia desplazada por la violencia. Sin embargo, la providencia ha llamado particular atención por un detalle sin precedentes: el documento oficial contiene evidencia explícita de haber sido redactado con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial.

El rastro de la Inteligencia Artificial en el documento oficial

En el cuerpo de las consideraciones del documento, justo antes de iniciar el análisis jurídico de fondo, quedó plasmada una respuesta típica de un asistente virtual. El numeral 27 de la providencia señala textualmente: "Se han corregido aspectos de redacción y estructura para mejorar la coherencia y claridad del texto, siguiendo el estilo formal y respetuoso que has solicitado". A renglón seguido, añade: "Si tienes alguna observación o cambio adicional, por favor házmelo saber". Este fragmento evidencia que la corporación se apoyó en un modelo de lenguaje de IA para estructurar y pulir la redacción del fallo, dejando por accidente la interacción con la máquina en la versión final.

Un clamor de justicia estancado por el conflicto

Más allá de la anécdota tecnológica, la decisión resuelve un caso dramático. Los hechos se remontan a septiembre de 2020, cuando la víctima fue retenida y asesinada por un grupo de hombres armados]. El cuerpo fue enterrado en el cementerio de la localidad sin el levantamiento oficial ni documentación legal, esto debido a las graves amenazas impartidas a la comunidad por parte de los perpetradores.

Posteriormente, la compañera permanente del difunto y su hija menor de edad, quienes tuvieron que abandonar el territorio y fueron reconocidas formalmente como víctimas de desplazamiento forzado , interpusieron una acción de tutela tras intentar, sin éxito, que se realizara la exhumación. Aunque la Fiscalía emitió las órdenes pertinentes, el procedimiento se suspendió sistemáticamente debido a que las autoridades militares advirtieron la imposibilidad de garantizar la seguridad en la zona ante la presencia de actores armados ilegales.

La inseguridad no es una excusa de "fuerza mayor"

Un tribunal de primera instancia había negado la solicitud de las víctimas al considerar que el panorama de orden público en Nariño representaba una "fuerza mayor" ajena a la voluntad de las instituciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó tajantemente este argumento.

El alto tribunal advirtió que la presencia de grupos ilegales no puede traducirse en una abdicación de los deberes constitucionales del Estado. La Corte señaló que las alteraciones de orden público en la región son una amenaza persistente y no un hecho repentino o imprevisible que justifique la omisión en la protección de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, se le ordenó a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Fiscalía, diseñar y ejecutar las estrategias de seguridad necesarias para proteger la misión judicial que ingresará a la zona, garantizando así la recuperación de los restos en condiciones seguras en un plazo no mayor a 60 días.