Contexto y competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 39 y 112 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, estudió un presunto conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Contraloría Distrital de Barranquilla y la Contraloría Departamental del Atlántico. El conflicto se originó a raíz de discrepancias sobre cuál autoridad territorial tiene la competencia para ejercer el control fiscal de los recursos provenientes de la estampilla Pro Desarrollo Científico y Tecnológico, vinculada inicialmente al Instituto Tecnológico de Soledad (actual Institución Universitaria de Barranquilla).

Antecedentes fácticos y procesales

El conflicto comenzó con solicitudes de información dirigidas a la Contraloría Departamental del Atlántico, que negó ejercer control fiscal sobre la institución educativa tras su traspaso a la estructura descentralizada del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla. Por su parte, la Contraloría Distrital de Barranquilla afirmó poseer la competencia para el control fiscal sobre dichos recursos, negando la existencia de traslapes funcionales con la Contraloría Departamental. Un particular promovió ante la Sala de Consulta un conflicto negativo de competencias, alegando que la competencia para el control fiscal está asignada de forma taxativa a la Contraloría Departamental, conforme al artículo 6° de la Ley 662 de 2001, y que no puede transferirse mediante actos administrativos o convenios. Durante el trámite, se recabaron múltiples documentos y derechos de petición relacionados con el asunto, así como pronunciamientos de diversas entidades, incluyendo el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, la Contraloría Departamental del Atlántico, la Contraloría Distrital de Barranquilla, la Auditoría General de la República y diferentes ministerios.

Consideraciones jurídicas y decisión

La Sala recordó que, conforme a la normativa vigente, es competente para resolver conflictos de competencias cuando al menos una autoridad involucrada sea del orden nacional o cuando las autoridades territoriales pertenezcan a diferentes departamentos. En este caso, ambas entidades involucradas son autoridades territoriales dentro del mismo departamento y están sometidas a la jurisdicción del Tribunal Administrativo del Atlántico. Por tanto, la Sala de Consulta y Servicio Civil carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre el conflicto planteado. Además, la solicitud planteada por el particular fue identificada como una consulta jurídica improcedente en este trámite, pues solo pueden ser presentadas por el Gobierno nacional a través de sus ministros o directores de departamento administrativo. En consecuencia, mediante auto fechado el 29 de abril de 2026, la Sala declaró su falta de competencia para conocer del presunto conflicto negativo de competencias administrativas y remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico para que resuelva conforme a sus atribuciones.

Implicaciones procesales

El auto ordenó la suspensión de términos administrativos mientras se resuelve el conflicto y estableció que los términos se reanudarán a partir del día siguiente a la comunicación de esta decisión. Se reconoció personería a los apoderados judiciales de las entidades involucradas y se notificó formalmente a todas las partes interesadas. Finalmente, se advirtió que contra esta decisión no procede recurso alguno, conforme a la Ley 1437 de 2011, garantizando la seguridad jurídica en el trámite del conflicto. Este pronunciamiento del Consejo de Estado reafirma la competencia exclusiva de los tribunales administrativos territoriales para resolver controversias entre autoridades de un mismo departamento, delimitando así el alcance de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas, y contribuyendo a la claridad y eficacia en la administración pública territorial.