Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su función de juez de segunda instancia, conoció el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 1 de febrero de 2024. En primera instancia, el Tribunal resolvió un proceso ejecutivo iniciado por beneficiarios de una condena contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, relacionada con costos de parqueo de vehículos y sus intereses. Los beneficiarios presentaron demanda ejecutiva para obtener el pago de la obligación que fue reconocida en una sentencia de 2013 y liquidada en un auto de 2015. A pesar de que la entidad ejecutada reconoció el cumplimiento de requisitos para el pago y realizó un desembolso parcial en agosto de 2022, no canceló la totalidad de la deuda, quedando un saldo pendiente por capital e intereses moratorios por el período posterior a dicho pago. El Tribunal Administrativo, tras analizar las pruebas y la liquidación presentada, declaró probada la excepción de “pago parcial” y ordenó continuar con la ejecución para cubrir el saldo insoluto. La Nación – Fiscalía General de la Nación apeló esta decisión, alegando que el pago realizado correspondía a la totalidad de la obligación, dado que la deuda fue reconocida como deuda pública y cancelada conforme a la normativa aplicable.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo, señalando que el recurso de apelación no tenía fundamento suficiente para revocar la decisión. La Sala enfatizó que el pago realizado cubrió el capital y los intereses moratorios causados hasta el 30 de junio de...