Contexto y antecedentes del caso

El proceso judicial tuvo su origen en una condena por responsabilidad patrimonial impuesta a la Fiscalía General de la Nación, a raíz de la privación injusta de la libertad de un particular. La sentencia inicial fue proferida por un tribunal administrativo departamental y posteriormente confirmada en segunda instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Los derechos económicos derivados de dicha sentencia fueron cedidos a un fondo fiduciario, administrado por una entidad fiduciaria, quien inició un proceso ejecutivo para el cobro de la suma reconocida, que incluía capital e intereses de mora. La Fiscalía realizó un pago parcial basado en resoluciones administrativas que reconocían la obligación como deuda pública, pero quedó un saldo pendiente correspondiente a intereses moratorios generados entre la liquidación de la condena y el pago efectivo.

La decisión del Tribunal Administrativo y la apelación

El Tribunal Administrativo de Casanare ordenó continuar con la ejecución por el saldo de intereses moratorios, rechazando la excepción de pago total presentada por la Fiscalía. La entidad demandada argumentó que el pago realizado, en cumplimiento con la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios, extinguía la obligación total, incluyendo los intereses. Sin embargo, la Fiscalía alegó que el trámite administrativo para el reconocimiento de deuda pública no contemplaba el pago de intereses adicionales generados después de la emisión del acto administrativo, por lo que solicitó la revocatoria de la sentencia y la terminación del proceso.

Análisis jurídico y consideraciones principales

El Consejo de Estado reafirmó que el acto administrativo que reconoce la obligación no constituye pago ni extingue la deuda, por lo que la obligación de pagar intereses moratorios continúa vigente hasta que el dinero sea puesto a disposición del acreedor o su apoderado. Se destacó que la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios establecieron un procedimiento administrativo especial para reconocer y pagar obligaciones derivadas de sentencias y conciliaciones ejecutoriadas en mora, sin modificar ni suspender las normas generales sobre generación de intereses moratorios previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Código Contencioso Administrativo. En particular, el artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que los intereses moratorios cesan únicamente cuando se notifica el acto administrativo que ordena el pago y el dinero está a disposición del beneficiario. Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, aunque existen plazos para la ejecución judicial de condenas contra entidades públicas, la causación de intereses moratorios opera desde la ejecutoria y hasta el pago efectivo. El Consejo rechazó la interpretación que pretendía limitar la generación de intereses entre el reconocimiento administrativo de la deuda y el pago, al considerar que tal postura implicaría una modificación implícita de normas de rango legal y orgánico, lo cual no está previsto en la normativa.

Conclusión del fallo y condena en costas

Por consiguiente, la Sala confirmó la sentencia que ordenó continuar con la ejecución contra la Fiscalía por la suma correspondiente a intereses moratorios generados tras la liquidación de la condena y antes del pago efectivo. Asimismo, se condenó a la entidad demandada al pago de las costas procesales de la segunda instancia, incluyendo agencias en derecho, fijando estas últimas en un salario mínimo legal mensual vigente. Esta decisión subraya la vigencia y aplicabilidad de las normas que regulan la causación de intereses moratorios en condenas contra entidades públicas, y esclarece que el procedimiento administrativo para reconocimiento de deuda pública no extingue ni suspende dichos intereses. --- Esta providencia fue emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, el 8 de mayo de 2026, en segunda instancia, en el expediente referido al proceso ejecutivo instaurado por el fondo fiduciario administrado por la entidad contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. Con esta decisión, se reafirma la obligación de las entidades públicas de cumplir íntegramente con las obligaciones derivadas de sentencias condenatorias, incluyendo el pago de intereses moratorios que se generen entre la liquidación de la deuda y el cumplimiento efectivo del pago.