Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en ejercicio de su competencia como instancia judicial de primera y única instancia para efectos de ejecución, profirió un auto mediante el cual se aprueba la liquidación del crédito derivado de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Este auto es parte del procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), y tiene por objeto concretar los valores adeudados a la parte demandante.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando la nulidad de varios actos administrativos que negaron la reliquidación de prestaciones sociales y el reconocimiento de diferencias salariales relacionadas con un componente denominado "prima especial". La parte actora solicitó el reconocimiento de estas diferencias para el periodo comprendido entre marzo de 2012 y noviembre de 2015. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones en sentencia del 31 de octubre de 2018. Posteriormente, el Consejo de Estado confirmó dicha sentencia pero modificó parcialmente el periodo de reliquidación y pago, en fallo del 11 de abril de 2023 que causó ejecutoria en junio de 2023. Tras la ejecutoria, se solicitó la ejecución de la sentencia mediante mandamiento de pago, el cual fue expedido el 21 de abril de 2025, fijando el monto principal, la indexación y los intereses moratorios reconocidos. La entidad demandada presentó argumentos de oposición basados en el cumplimiento del turno y la pérdida de intereses, los cuales fueron rechazados mediante auto del 10 de noviembre de 2025.

Consideraciones jurídicas y aprobación de la liquidación

La liquidación del crédito es un acto procesal que busca precisar y concretar el valor a pagar conforme a la sentencia ejecutoria y el mandamiento de pago, sin incluir nuevos conceptos no reconocidos previamente. El tribunal destacó que la liquidación presentada por la parte actora se ajustó a los parámetros legales y procesales establecidos, pero procedió a elaborar y aprobar una liquidación actualizada que incluye la corrección de la indexación y la actualización de los intereses moratorios hasta el 30 de abril de 2026. Se aclaró que el monto de capital reconocido en el mandamiento de pago ya incluye la indexación correspondiente, por lo que no debe sumarse nuevamente. Además, se corrigió la fecha de liquidación de intereses moratorios inicialmente establecida, extendiéndola para reflejar el tiempo transcurrido hasta la fecha actualizada. El tribunal recordó que la aprobación de la liquidación del crédito es un acto judicial que garantiza el derecho de defensa y contradicción de las partes, y es apelable en efecto diferido, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Decisión

En consecuencia, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila aprobó la liquidación del crédito elaborada por el despacho, fijando el valor total a pagar en Doscientos Treinta y Seis Millones Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Dieciséis Pesos ($236.960.816), con cargo a la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Se ordenó la notificación y cumplimiento de esta providencia, con lo cual se avanza en la ejecución efectiva de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. --- Esta providencia judicial ejemplifica la importancia de la ejecución rigurosa de las sentencias administrativas y el papel del tribunal en la adecuada liquidación y actualización de las obligaciones del Estado frente a los servidores públicos. Así, se fortalece la confianza en el sistema judicial y se garantiza la protección efectiva de los derechos laborales y administrativos de los empleados públicos.