Contexto y objeto del proyecto

El proyecto de Acuerdo es de carácter interadministrativo y fue elaborado por el Consejo Directivo del ICA, con fecha prevista para 2026. Su objeto principal es establecer las tarifas actualizadas para los servicios que presta el ICA, de conformidad con el marco normativo vigente, incluyendo los artículos 158, 159 y 160 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el Decreto 087 de 2021) y el artículo 370 de la Ley 2294 de 2023. Este proyecto responde a la obligación normativa que tiene el ICA de fijar y actualizar las tarifas con base en la recuperación de los costos reales de los servicios, conforme al método y sistema establecidos por la ley y regulaciones vigentes. Además, incorpora el esquema de gradualidad para la recuperación progresiva de costos en aquellos casos donde la variación tarifaria supera el 10%, con un plazo máximo de seis años para alcanzar la recuperación total.

Ámbito de aplicación y disposiciones principales

El acuerdo se aplicará en todo el territorio nacional y es vinculante para los usuarios de los servicios del ICA, que incluyen personas naturales y jurídicas que soliciten los servicios misionales de la entidad. Entre los servicios tarifados se encuentran análisis y diagnósticos de laboratorio, servicios relacionados con la protección animal, cuarentena sanitaria, protección fitosanitaria, autorización a terceros, entre otros. El proyecto contempla la fijación de 28 nuevas tarifas, la modificación de 92 tarifas existentes y la eliminación de 16 tarifas, en atención a cambios normativos, procedimentales y técnicos que afectan la prestación de los servicios. Asimismo, se adopta una segunda versión ajustada del “Documento Técnico sobre Cálculo y Fijación de Tarifas para Servicios ICA”, que contiene la metodología detallada para el cálculo, actualización y gradualidad de las tarifas.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad

La actualización tarifaria propuesta garantiza que las tarifas reflejen los costos reales de prestación de los servicios, lo que contribuye a la sostenibilidad financiera del ICA y al cumplimiento de su función misional de proteger la sanidad animal, vegetal y la inocuidad en la producción primaria. Esto tiene un impacto directo en el sector agropecuario nacional, al asegurar servicios técnicos y de control que facilitan la productividad, el comercio exterior y la salud pública. El esquema de gradualidad aplicado evita impactos económicos abruptos en los usuarios, especialmente en sectores sensibles, permitiendo una transición ordenada hacia tarifas que cubran integralmente los costos. La actualización también incorpora mecanismos de control y seguimiento para garantizar la transparencia y eficiencia en la aplicación de las tarifas.

Mecanismos de seguimiento y evaluación

El proyecto establece que la Oficina Asesora de Planeación será responsable de coordinar el proceso de actualización y evaluación tarifaria, en articulación con las diferentes subgerencias del ICA. Se prevé la revisión trienal de los costos reales de los servicios y la actualización anual mediante índices económicos pertinentes. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ajustes extraordinarios ante cambios normativos o estructurales en la prestación de servicios.

Contexto normativo y respaldo institucional

El proyecto se fundamenta en el mandato constitucional del artículo 338 que regula la potestad para fijar tarifas como recuperación de costos, y en la legislación específica que delega esta función al ICA. La Ley 1955 de 2019 creó la tasa para la recuperación de costos de los servicios prestados por el ICA, regulando los sujetos activos y pasivos, hechos generadores y metodología de cálculo. El Decreto 087 de 2021 reglamentó la metodología técnica para la fijación de tarifas, mientras que la Ley 2294 de 2023 incorporó el principio de gradualidad. El Acuerdo 005 de 2023 del Consejo Directivo del ICA implementó el sistema tarifario vigente y el esquema de gradualidad, al cual se da continuidad y actualización en el presente proyecto. El proceso también cumplió con los requisitos de publicidad, consulta ciudadana y aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Conclusión

Este proyecto de Acuerdo del Instituto Colombiano Agropecuario representa un paso fundamental para actualizar y adaptar las tarifas de los servicios agropecuarios a las condiciones reales de costos y cambios normativos, garantizando la sostenibilidad financiera de la entidad y la continuidad de sus funciones esenciales para el sector agropecuario y la sociedad en general. El acuerdo, una vez aprobado, entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2027, derogando el Acuerdo anterior de 2023.