Propósito general del proyecto de resolución
El proyecto de resolución tiene como propósito establecer los requisitos y condiciones para el desarrollo de actividades de telesalud y la prestación de servicios de salud en modalidad de telemedicina dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Además, deroga la Resolución 2654 de 2019, con el fin de incorporar disposiciones actualizadas que respondan a los avances tecnológicos, normativos y operativos del sistema.
Objetivo principal y beneficiarios
El objetivo principal es optimizar el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad en la prestación de servicios de salud a distancia, facilitando la articulación de niveles de atención y promoviendo modelos integrales centrados en el usuario. Esta actualización beneficia a los prestadores de servicios de salud, entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, entidades territoriales y usuarios del sistema, incluyendo especial atención a poblaciones rurales, dispersas y étnicas.
Nuevas disposiciones, mecanismos y procesos
El proyecto define con claridad las categorías y modalidades de telesalud y telemedicina: telexperticia, teleconcepto, teleconsulta y telemonitoreo, explicando sus características y tipos de interacción (sincrónica y asincrónica, interactiva y no interactiva). Se establecen definiciones precisas para nodos de servicio remisor y de referencia, puntos de enlace en telemedicina y la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica.
Se regula el uso de plataformas tecnológicas y sistemas basados en inteligencia artificial, estableciendo criterios para su seguridad, trazabilidad y supervisión, garantizando que la inteligencia artificial actúe como apoyo y no como sustituto del juicio clínico. Asimismo, se establecen condiciones técnicas mínimas para conectividad, adaptadas especialmente para municipios con condiciones especiales, tales como zonas rurales, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), entre otros.
Medidas específicas propuestas
- Actualización de los requisitos técnicos, operativos y de gestión para la habilitación y prestación de servicios en modalidad de telemedicina.
- Establecimiento de procesos de formación continua para el talento humano en salud, incluyendo competencias digitales y enfoque diferencial étnico y cultural.
- Definición de responsabilidades sobre la seguridad, confidencialidad y protección de datos personales, conforme a la Ley 1581 de 2012 y normas relacionadas.
- Regulación del consentimiento informado, incluyendo el asentimiento informado en atención a niños, niñas y adolescentes.
- Promoción de la participación intercultural en territorios con presencia de comunidades étnicas, permitiendo la inclusión de sabedores ancestrales, dinamizadores e intérpretes.
- Regulación de la financiación de los servicios en modalidad de telemedicina, incluyendo su cobertura a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y mecanismos de protección individual.
- Implementación de mecanismos de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales.
Impacto y alcance potencial
Se espera que esta actualización normativa fortalezca la prestación de servicios de salud a distancia, facilitando el acceso de la población, especialmente en zonas con barreras geográficas o condiciones especiales. La regulación promueve la calidad y seguridad en la atención, la interoperabilidad de la información clínica y la sostenibilidad financiera del sistema. Además, favorece la inclusión de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, bajo supervisión estricta, y garantiza el respeto por la diversidad cultural y los derechos de los usuarios.
Participación de actores clave
Están involucrados los prestadores de servicios de salud, entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, entidades territoriales de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, que ejercerá funciones de inspección y vigilancia. El Ministerio de Salud y Protección Social lidera la normativa y brindará asistencia técnica para su implementación, especialmente en municipios con condiciones especiales. Asimismo, se contempla la participación activa del talento humano en salud, usuarios, comunidades y proveedores tecnológicos en la aplicación de los estándares y buenas prácticas definidos.
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