Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, máxima instancia de la jurisdicción administrativa en Colombia. La decisión se tomó en el marco del trámite de recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 7 de febrero de 2025, que reconoció responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad bajo régimen objetivo.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda de reparación directa fue instaurada por el afectado, en representación propia y de sus familiares, contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El reclamo se originó en la privación de la libertad sufrida entre enero y diciembre de 2011, en el marco de una investigación penal por delitos graves relacionados con homicidio y concierto para delinquir. El demandante alegó que la medida de aseguramiento se fundamentó en declaraciones contradictorias de terceros sin pruebas suficientes y que la investigación fue precluida por duda razonable, lo que evidenciaría una falla en el servicio público y la existencia de un daño antijurídico. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía, exonerando a la Rama Judicial, y reconoció perjuicios morales y lucro cesante a favor del demandante y sus allegados, aunque desestimó algunas pretensiones por falta de prueba. Ambas partes apelaron: el demandante solicitó un reconocimiento integral de perjuicios, mientras que la Fiscalía General de la Nación argumentó la legalidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento y cuestionó la...