Contexto y antecedentes del caso

La demanda fue presentada en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Quindío por una empresa de servicios públicos domiciliarios, que solicitó declarar que no incumplió un contrato de concesión celebrado en 2005 con el municipio. Entre sus pretensiones, pidió la liquidación del contrato, la declaratoria de paz y salvo, la condena al pago de gastos y perjuicios, así como medidas cautelares para suspender un procedimiento sancionatorio y la liquidación contractual en curso. El contrato tenía por objeto la prestación exclusiva del servicio público domiciliario de aseo por un término de veinte años, que concluyó en febrero de 2025. El municipio notificó la terminación del contrato y formuló requerimientos relacionados con la entrega de bienes y activos, advirtiendo posibles sanciones contractuales. La empresa alegó haber cumplido sus obligaciones y cuestionó la competencia del municipio para imponer sanciones luego del vencimiento del contrato. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío rechazó la demanda el 22 de mayo de 2025, argumentando que la demanda se dirigía a actos de trámite dentro de un procedimiento sancionatorio contractual no concluido, por lo que no eran actos administrativos definitivos susceptibles de control judicial. Además, indicó la falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial, requisito obligatorio para la procedencia de la demanda, y señaló que la excepción para medidas cautelares patrimoniales no aplicaba, pues las solicitadas no tenían carácter patrimonial.

Consideraciones jurídicas y alcance de la decisión

El Consejo de Estado analizó el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto de rechazo. Confirmó la validez del requisito de procedibilidad de conciliación...