Providencia y tribunal que dictaron la sanción

La providencia objeto de análisis corresponde a un auto proferido por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en diciembre de 2025. Dicho auto declaró el desacato y sancionó con multas equivalentes a cinco y tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al gobernador y al secretario de Infraestructura respectivamente. Posteriormente, el Consejo de Estado, en segunda instancia y en calidad de superior jerárquico del Tribunal, conoció en grado jurisdiccional de consulta la sanción impuesta, conforme al artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

Antecedentes fácticos y procesales

En noviembre de 2021, se instauró una acción popular en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dirigida a proteger derechos colectivos como la moralidad administrativa, el disfrute de obras públicas eficientes, el medio ambiente sano y la defensa del bien público. La acción se basó en la inejecución y abandono de la construcción del Centro Educativo CEMED Antonia Santos, contratado desde 2014. En septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo amparó los derechos colectivos y ordenó al Departamento la terminación y puesta en funcionamiento del colegio, estableciendo plazos y la conformación de un comité de verificación para supervisar el cumplimiento. Además, se impuso la obligación de cumplir con medidas compensatorias ambientales ordenadas por la autoridad ambiental regional (CORALINA) para reparar la tala autorizada de árboles en el predio de la obra. A pesar de que se adelantaron estudios y se suscribieron nuevos contratos para la culminación de la construcción,...