Providencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander

El Tribunal Administrativo de Santander, en ejercicio de su competencia para conocer del recurso de apelación contra autos que rechazan demandas, resolvió confirmar el auto de 9 de marzo de 2026 emitido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. La providencia se origina en un proceso instaurado mediante medio de control de reparación directa contra el Municipio de Floridablanca.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada inicialmente el 14 de enero de 2026 y asignada al Juzgado Noveno Administrativo. Posteriormente, mediante auto del 5 de febrero de 2026, el juzgado ordenó la desacumulación de trece expedientes en razón de que no se cumplían los requisitos del artículo 88 del Código General del Proceso (CGP) para la acumulación de pretensiones. Entre las razones se destacó la autonomía e independencia de los títulos que legitiman a cada demandante, la diferencia en los periodos de afectación, la naturaleza individual de los daños y la diversidad de pruebas y objetos litigiosos. En cumplimiento de esta decisión, los expedientes fueron remitidos para reparto entre diferentes juzgados administrativos. En consecuencia, el proceso quedó reducido al demandante que inicialmente presentó la demanda, quien debía individualizar su pretensión y presentar un escrito ajustado a las exigencias legales. El juzgado, mediante auto del 18 de febrero de 2026, inadmitió la demanda por falta de subsanación adecuada, pues el demandante continuó incluyendo a todos los sujetos originarios y no individualizó la causa personal que lo motivaba. Se le ordenó presentar un nuevo escrito claro y preciso, cumpliendo con las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y del CGP. En respuesta, el apoderado del demandante presentó escrito de subsanación, reiterando la participación de la sociedad de hecho mercantil que representa y solicitando la acumulación de procesos o integración de litisconsorcio activo. Sin embargo, el juzgado de primera instancia sostuvo que esta actuación contradice la decisión firme de desacumulación, que no fue recurrida oportunamente, y que la subsanación no cumplió con los requisitos legales, lo que motivó el rechazo de la demanda conforme al artículo 170 del CPACA.

Consideraciones centrales del Tribunal

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó el auto apelado, resaltando que la orden de desacumulación de procesos había quedado en firme por no haberse interpuesto recurso en su contra. Por tanto, no era procedente reabrir el debate sobre acumulación o integración de litisconsorcio en esta instancia. Asimismo, el Tribunal señaló que el demandante no subsanó la demanda conforme a las instrucciones impartidas, al continuar incluyendo a múltiples sujetos y pretensiones ajenas a su causa personal. También destacó que el demandante actuaba como representante o apoderado especial, sin que constara que fuera titular del derecho afectado, lo que impide que reclame en nombre propio el resarcimiento de perjuicios. Finalmente, se concluyó que la subsanación incumplió los requisitos del artículo 162 del CPACA, y en consecuencia, el rechazo de la demanda se ajustó a derecho.

Conclusión del fallo

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó el auto de 9 de marzo de 2026 que rechazó la demanda por indebida subsanación, ordenando devolver el expediente al juzgado de origen para los trámites correspondientes. Esta decisión pone de manifiesto la importancia de la correcta individualización de las partes y pretensiones en procesos contencioso administrativos, así como el respeto a las providencias firmes que ordenan la desacumulación o acumulación de procesos, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada administración de justicia. Con esta resolución, se reafirma la necesidad de que los demandantes cumplan estrictamente con los requisitos legales para la presentación y subsanación de demandas, evitando dilaciones y asegurando la efectividad del control judicial.