Contexto y referencia normativa
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio del Interior en 2026, buscaría modificar el Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior. Este decreto propondría la adopción de una política pública integral dirigida a garantizar los derechos de liderazgo y defensa de derechos humanos en el país, derogando los anteriores Decretos 2137 de 2018 y 1138 de 2021, con el fin de actualizar el marco normativo y fortalecer la protección a personas defensoras de derechos humanos.
Objetivo y alcance del proyecto
El propósito principal del proyecto sería garantizar el ejercicio pleno, libre y seguro del derecho a defender los derechos humanos en Colombia. La política pública estaría orientada a la población líder y defensora de derechos humanos (PLDDH) y sus formas organizativas en todo el territorio nacional. Se buscaría fomentar garantías mediante mecanismos que fortalezcan el respeto, la prevención, la protección, la justicia efectiva y las garantías de no repetición.
Principios, enfoques y estructura de la política pública
El proyecto se basaría en principios rectores como la dignidad humana, colaboración armónica entre entidades, concurrencia, eficiencia, complementariedad y presunción constitucional de riesgo. Además, incorporaría diversos enfoques para su materialización, entre los que se incluirían:
- Seguridad humana, con una visión integral que incluye dimensiones económicas, culturales, sociales y ambientales.
- Derechos humanos, con énfasis en el respeto y promoción del derecho a defender derechos.
- Derecho a una vida libre de violencias, especialmente para mujeres y población LGBTIQ+.
- Enfoques feminista, diferencial étnico, territorial, de orientación sexual e identidad de género, desarrollo humano, interseccional, antirracista, identidad y libertad religiosa, psicosocial, y discapacidad/diversidad funcional.
Medidas y líneas estratégicas
El proyecto plantearía cinco objetivos específicos con dieciocho líneas estratégicas para alcanzar la consolidación de un sistema integral de garantías. Entre estas medidas se encontrarían:
- Promover una cultura de respeto y reconocimiento a la labor de defensa de derechos humanos, superando estigmas y señalamientos.
- Fortalecer la articulación y capacidad institucional para anticipar, responder y prevenir situaciones de riesgo contra la PLDDH.
- Establecer mecanismos institucionales para la protección de derechos, con medidas flexibles y con enfoque diferencial.
- Mitigar la continuidad de agresiones mediante ajustes en procesos de verdad, memoria, inteligencia y contrainteligencia.
- Garantizar el acceso a la justicia efectiva frente a delitos cometidos contra la PLDDH.
Instancias de participación y coordinación
El proyecto propondría la creación y reglamentación de la Mesa Nacional de Garantías (MNG) y las Mesas Territoriales de Garantías (MTG) como espacios tripartitos de diálogo y concertación entre entidades estatales, organizaciones sociales y la comunidad internacional.
La Mesa Nacional de Garantías estaría presidida por el Ministro del Interior o su delegado y contaría con la participación de altos mandos de instituciones gubernamentales, órganos de control, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Además, se incluiría la participación de plataformas de derechos humanos, organizaciones sociales y actores internacionales en calidad de observadores.
Las Mesas Territoriales serían espacios de concertación a nivel regional, con participación articulada de autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como de organizaciones sociales y la comunidad internacional. Estas instancias tendrían subgrupos especializados en prevención y protección, investigación, y mujer y género, encargados de adoptar medidas concretas y seguimiento.
Mecanismos de seguimiento, evaluación y financiación
El proyecto establecería un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación a cargo del Ministerio del Interior, apoyado técnicamente por el Departamento Nacional de Planeación. Este mecanismo incluiría indicadores de resultados y de goce efectivo de derechos, informes semestrales públicos, y promovería la participación ciudadana y veeduría a través de las Mesas Nacional y Territoriales de Garantías.
En materia de financiación, se contemplarían recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Regalías, cooperación internacional y otras fuentes. Las entidades nacionales y territoriales deberían incluir los recursos necesarios en sus presupuestos anuales para la implementación efectiva de la política pública. También se promoverían alianzas con organismos multilaterales, agencias de cooperación y el sector privado, respetando la soberanía y autonomía institucional.
Participación ciudadana y proceso de consulta
De acuerdo con la normatividad vigente, el proyecto habría sido sometido a consulta pública a través de la página web del Ministerio del Interior durante un periodo determinado en 2026, garantizando la transparencia y la participación ciudadana informada. Se esperaría que los ciudadanos, organizaciones sociales y otros actores interesados pudieran enviar comentarios y observaciones para enriquecer el proceso de formulación del decreto.
Disposiciones finales
El proyecto establecería una temporalidad de diez años para la vigencia de la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos, y declararía su naturaleza vinculante para todas las entidades del Gobierno Nacional con responsabilidades en esta materia. El incumplimiento de lo dispuesto activaría competencias disciplinarias para los servidores públicos responsables.
En resumen, este proyecto de decreto buscaría consolidar un marco normativo coherente con estándares nacionales e internacionales para garantizar la protección, respeto y promoción de los derechos de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, mediante mecanismos participativos, interinstitucionales y territoriales. Su aprobación e implementación representarían un avance significativo en la construcción de un entorno seguro y propicio para el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los derechos humanos en el país.
