Propósito General y Objetivo Principal

El proyecto de resolución busca modificar el artículo 8 de la Resolución MME 40559 de 2025. Esta modificación tiene como propósito general establecer que sea la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) quien defina y regule el procedimiento para acceder a puntos de conexión a la red eléctrica, específicamente para los prestadores del servicio de carga y Operadores de Puntos de Carga (CPO). El objetivo principal radica en mejorar y optimizar el despliegue de infraestructura de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, promoviendo un proceso más eficiente, transparente y accesible para los actores involucrados en este sector energético emergente.

Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos

El proyecto establece que la CREG deberá definir un procedimiento integral para la conexión a la red que contemple aspectos clave como:

• Requisitos mínimos de información y documentación para evaluar solicitudes de conexión y ampliación de carga.
• Mecanismos que faciliten y agilicen el acceso a la red eléctrica en condiciones de eficiencia, transparencia y neutralidad.
• Simplificación, estandarización y trazabilidad de los trámites relacionados con las solicitudes de conexión y ampliación de infraestructura de carga.
• Disponibilidad y publicidad de información técnica relevante, incluyendo capacidad disponible, restricciones de red y criterios aplicables a la conexión.
• Implementación de mecanismos de atención y orientación para los solicitantes, con el fin de reducir reprocesos y mejorar la estructuración técnica de las solicitudes.
• Incorporación de soluciones tecnológicas enfocadas en la gestión eficiente de la demanda y la optimización del uso de la capacidad disponible en las redes eléctricas.

Acciones y Regulaciones Específicas Propuestas

El proyecto enfatiza la necesidad de que el procedimiento que expida la CREG incluya la definición de un umbral de potencia para trámites simplificados, facilitando así la conexión de infraestructura de carga según la magnitud del proyecto. Además, promueve la actualización periódica y la publicidad de la información técnica para permitir una adecuada planeación y estructuración de proyectos por parte de los prestadores del servicio de carga. Este enfoque busca garantizar la transparencia y la eficiencia en la asignación de capacidad de transporte y conexión a la red, acorde con las competencias regulatorias establecidas en la Ley 142 de 1994 y otras normativas relacionadas.

Impacto y Alcance Potencial

La modificación propuesta tiene un impacto significativo en la expansión y consolidación de la infraestructura para vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el país. Al delegar en la CREG la responsabilidad de definir procedimientos claros y eficientes, se promueve la agilización de trámites y la mejora en la gestión de la demanda eléctrica. Este avance favorece a los prestadores del servicio de carga, operadores de puntos de carga, usuarios finales, y contribuye al cumplimiento de objetivos estratégicos relacionados con la transición energética y el desarrollo sostenible.

Participación de Actores Clave

El proyecto involucra directamente al Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los prestadores del servicio de carga y los Operadores de Puntos de Carga (CPO). Asimismo, considera la coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para vigilancia y control. El proceso de elaboración y consulta pública del proyecto se realizó conforme a la normatividad vigente, incluyendo la participación ciudadana a través de comentarios en la página web del Ministerio, que fueron analizados y resueltos por la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales.

Vigencia

La resolución propuesta entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, dando paso a la implementación de los nuevos procedimientos regulatorios para la conexión de infraestructura de carga eléctrica. --- Este proyecto de resolución representa un paso relevante para fortalecer el marco normativo que facilita el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país, alineado con las políticas nacionales de eficiencia energética y sostenibilidad. Su implementación contribuirá a consolidar un sistema eléctrico más moderno, inclusivo y amigable con el medio ambiente, impulsando la transición hacia un transporte más limpio y eficiente.