Tipo de Acuerdo, Entidades Involucradas y Marco Normativo

El proyecto corresponde a un Acuerdo Administrativo emanado del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con fecha del año 2026 y sin número específico asignado en el documento. La ANT, en ejercicio de sus facultades legales conferidas por la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 2363 de 2015, y otros instrumentos normativos, es la entidad responsable de constituir y delimitar las Zonas de Reserva Campesina en Colombia. La iniciativa se enmarca además en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SINRADR), el Acuerdo 488 de 2025 y su modificación por el Acuerdo 558 de 2025, que establecen el procedimiento para delimitar y consolidar las ZRC.

Objeto y Finalidad del Proyecto de Acuerdo

El proyecto tiene por objeto constituir y delimitar formalmente la Zona de Reserva Campesina Río Cafre en el municipio de Puerto Rico, Meta, con una extensión aproximada de 79.400 hectáreas. La finalidad es promover la pequeña propiedad rural campesina, garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, fomentar el desarrollo rural integral y sostenible, y proteger los recursos naturales renovables y ecosistemas estratégicos en la región. Asimismo, busca fortalecer la organización comunitaria, la participación social y la conservación ambiental, en consonancia con el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección.

Ámbito de Aplicación y Principales Disposiciones

El ámbito territorial comprende 16 veredas del municipio de Puerto Rico, delimitadas mediante coordenadas geográficas y cartografía oficial. Se excluyen áreas de reserva forestal, territorios indígenas y étnicos, parques nacionales y zonas de desarrollo empresarial, según lo estipulado en la normativa vigente. El proyecto incluye un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) elaborado con la participación comunitaria, que contiene líneas estratégicas para el ordenamiento ambiental, productivo, social y cultural del territorio. Entre las disposiciones principales destacan:

• La delimitación precisa del polígono que conforma la ZRC Río Cafre.
• La definición de extensiones mínimas y máximas de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) para adjudicación y formalización de tierras.
• La integración de criterios de ordenamiento ambiental conforme a instrumentos oficiales como el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) y los Distritos de Manejo Integrado (DMI).
• El establecimiento de compromisos institucionales y comunitarios acordados en audiencia pública para la implementación del PDS.
• El reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad rural y el fortalecimiento de la gobernanza territorial campesina.

Impacto Potencial y Relevancia para la Comunidad Local y Entidades

La constitución y delimitación de la ZRC Río Cafre representa un avance significativo en la protección de los derechos de propiedad rural de las comunidades campesinas, muchas de las cuales enfrentan altos niveles de informalidad y precariedad jurídica en la tenencia de la tierra. Se espera que este proceso contribuya a la formalización y seguridad jurídica, facilitando el acceso a programas de desarrollo, asistencia técnica y financiamiento. Desde la perspectiva ambiental, la ZRC está ubicada en un área estratégica para la conectividad ecológica entre la Amazonía y la Orinoquía, con presencia de ecosistemas de alto valor como bosques húmedos tropicales y fuentes hídricas importantes. El proyecto establece mecanismos para la conservación, restauración ecológica y manejo sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a mitigar la deforestación y la degradación ambiental. Además, el PDS plantea programas para fortalecer la economía campesina mediante reconversión productiva agroecológica, ganadería sostenible, comercialización justa y soberanía alimentaria, lo que impactará positivamente en la calidad de vida y permanencia de las familias rurales. La articulación interinstitucional convocada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural, las autoridades ambientales, y otras entidades nacionales y regionales, garantiza el seguimiento, evaluación y cumplimiento de los compromisos adoptados, fortaleciendo la gobernanza y la participación social en el territorio.

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

El proyecto incorpora la ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo Sostenible como instrumento principal para evaluar los avances en la implementación de políticas ambientales, sociales y productivas. La ANT, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el subsistema correspondiente del SINRADR, liderará la articulación interinstitucional para garantizar la ejecución efectiva de las acciones concertadas. Asimismo, se prevé la realización de auditorías sociales, monitoreo ambiental comunitario y la participación activa de las organizaciones campesinas en los procesos de toma de decisiones, con el fin de asegurar la transparencia, sostenibilidad y pertinencia territorial del desarrollo rural en la ZRC Río Cafre.

Contexto y Respaldo Normativo

El proyecto se fundamenta en el marco constitucional colombiano que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección y derecho a la tierra (Artículos 64 y 209 de la Constitución Política), así como en la Ley 160 de 1994 y su reforma mediante la Ley 2294 de 2023. Los decretos reglamentarios y acuerdos de la ANT establecen el procedimiento administrativo para la constitución y delimitación de las ZRC, en concordancia con políticas de paz y desarrollo rural integral. Se destaca que la iniciativa cuenta con amplia participación comunitaria y respaldo institucional, y ha superado las etapas de consulta, verificación técnica y jurídica, y audiencia pública, lo que fortalece su legitimidad y viabilidad para ser adoptada como Acuerdo definitivo. --- Este proyecto de Acuerdo representa un paso trascendental para la protección de los derechos territoriales del campesinado en el Meta, la promoción del desarrollo rural sostenible y la conservación ambiental, constituyéndose en un modelo replicable para otras regiones con condiciones similares en Colombia. La decisión final del Consejo Directivo de la ANT definirá la vigencia y alcance jurídico de esta figura en beneficio de las comunidades y el territorio, consolidando así un proceso que impulsa la equidad, la justicia social y el cuidado del medio ambiente en el país.