Contexto y presentación del proyecto

El proyecto de decreto, anunciado en 2024 por el Ministerio de Transporte, buscaría modificar el Capítulo 3 del Título 3 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, conocido como el Único Reglamentario del Sector Transporte. Este decreto, que se encontraría en fase de consulta pública, tendría como base los lineamientos de la Política Nacional Portuaria adoptada mediante el Decreto 2125 de 2023 y el Documento CONPES 4118 de 2023, que identificaron retos estructurales en el sistema portuario colombiano. El objetivo principal sería modernizar el régimen de concesiones portuarias para promover un crecimiento sostenible, competitivo y eficiente del sector, en línea con la realidad técnica, financiera, ambiental y territorial actual.

Propósito y alcance del proyecto

El proyecto buscaría actualizar el procedimiento para el otorgamiento y modificación de concesiones portuarias, así como la regulación de contratos relacionados con bienes de uso público destinados a actividades portuarias y pesqueras industriales. La iniciativa estaría dirigida a sociedades portuarias, titulares de licencias de muelles y embarcaderos, y a las entidades públicas que intervienen en la gestión y supervisión de las concesiones. La propuesta incluiría medidas para fortalecer la gobernanza del sistema portuario, facilitar la inversión privada, incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social, y mejorar la transparencia y eficiencia en la operación portuaria.

Cambios y novedades en el procedimiento de concesiones

Entre las modificaciones más relevantes se encontrarían:

• La creación del Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), una base de datos administrada por el Ministerio de Transporte destinada a centralizar y facilitar la consulta pública sobre concesiones portuarias, sus estados y trámites asociados.
• Actualización detallada de los requisitos para la presentación de solicitudes de concesión, incluyendo estudios técnicos y financieros, con énfasis en planes de conectividad, inversiones ambientales y sociales estratégicas, y avalúos de predios privados incorporados a zonas adyacentes de servicio.
• Incorporación de procedimientos claros para la publicación de avisos de intención, participación ciudadana y audiencias públicas, garantizando la transparencia y el derecho de terceros a presentar oposiciones o propuestas alternativas.
• Establecimiento de criterios objetivos para la evaluación de solicitudes, valorando positivamente compromisos que superen los requisitos normativos en materia social y ambiental.
• Regulación sobre la modificación y reversión de contratos de concesión, con mecanismos para reconocer inversiones no recuperadas y garantizar la continuidad y calidad de los servicios portuarios.
• Definición de garantías de seriedad para solicitudes de concesión y modificaciones, con plazos y condiciones específicos para su vigencia y renovación.
• Reglamentación sobre las condiciones de uso y tarifas para canales navegables y canales de acceso a puertos, conforme a las normas vigentes.

Participación de actores clave

El proyecto establecería competencias específicas para diversas entidades, tales como la Agencia Nacional de Infraestructura, las Corporaciones Autónomas Regionales y las gobernaciones con jurisdicción portuaria. Asimismo, involucraría a autoridades ambientales y sociales para asegurar el cumplimiento de licenciamientos y la protección del entorno. La entidad concedente tendría un rol determinante en la evaluación, otorgamiento y supervisión de las concesiones, con la obligación de dar publicidad a los trámites y facilitar la participación de la ciudadanía y actores interesados.

Participación ciudadana y acceso al proyecto

En cumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y las directrices de técnica normativa, el proyecto habría sido publicado en la página web oficial del Ministerio de Transporte durante un periodo determinado para recibir comentarios, observaciones y propuestas de la ciudadanía y grupos de interés. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Administrativo de la Función Pública habrían emitido conceptos para garantizar la competencia y evaluar el impacto normativo del proyecto. Los interesados podrían acceder al texto completo del proyecto y participar en la consulta pública a través de los canales oficiales del Ministerio, contribuyendo a fortalecer la regulación portuaria nacional. --- Este proyecto de decreto representaría un paso hacia la modernización y sostenibilidad del sistema portuario colombiano, incorporando mecanismos que fomentarían la inversión, la protección ambiental y la transparencia en un sector estratégico para la economía nacional. Su implementación permitiría mejorar la competitividad del sector portuario, asegurar la gestión eficiente de concesiones y garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo portuario del país.