Propósito general y objetivo principal del proyecto

El proyecto de resolución tiene como propósito general establecer los criterios y condiciones para la priorización y categorización de sustancias químicas de uso industrial que sean consideradas prioritarias o de interés para la salud pública o el medio ambiente. Su objetivo principal es facilitar la gestión integral del riesgo asociado a estas sustancias, garantizando la protección del derecho fundamental a la salud y al ambiente sano, tal como lo establece la Constitución Política y el marco normativo vigente. Esta iniciativa involucra a personas naturales y jurídicas que gestionen sustancias químicas industriales en todo el territorio nacional.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto incorpora un enfoque de riesgo técnico para la priorización, que combina variables de peligro y exposición, siguiendo metodologías recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se establece un algoritmo matemático para clasificar las sustancias en categorías de baja, media y alta prioridad, tomando en cuenta aspectos como la carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción, peligrosidad para el ambiente acuático, cantidades producidas e identificadas, y usos industriales específicos. Además, el proyecto determina que las sustancias nuevas al inventario serán categorizadas inicialmente en prioridad media, salvo aquellas clasificadas con riesgos mayores (CMRTAC) que serán consideradas de alta prioridad. Se prevé la publicación periódica de los listados de sustancias categorizadas en el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial (INSQUI), con espacios para observaciones y validaciones por parte de fabricantes e importadores.

Medidas específicas y regulaciones establecidas

Entre las medidas propuestas, se dispone que los fabricantes e importadores de sustancias químicas prioritarias deberán reportar información adicional relacionada con propiedades ambientales (persistencia, bioacumulación, biodegradabilidad, disrupción endocrina, emisiones) y aspectos de salud (exposición a población vulnerable y disrupción endocrina). El seguimiento y actualización de la categorización se realizará mediante un grupo técnico interministerial que revisará observaciones y formulará recomendaciones. Las actualizaciones metodológicas del algoritmo de priorización serán informadas oficialmente a las partes interesadas. El proyecto establece que las actualizaciones del listado de sustancias se realizarán con una periodicidad quinquenal, asegurando la incorporación progresiva de nueva información y la mejora continua del sistema de gestión.

Impacto y alcance potencial

Se espera que la implementación de este proyecto fortalezca la gestión del riesgo químico en Colombia, promoviendo la protección efectiva de la salud pública y del ambiente. La priorización técnica y transparente permitirá focalizar recursos y acciones regulatorias en las sustancias que representan mayor riesgo, facilitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales en materia ambiental y de salud ocupacional. Además, esta regulación beneficiará a los sectores productivos y a la ciudadanía en general, al establecer un marco claro para la gestión de sustancias químicas industriales, promoviendo la responsabilidad de los fabricantes e importadores y fomentando prácticas industriales más seguras y sostenibles.

Participación de actores clave

El proyecto fue elaborado por un grupo técnico interministerial conformado por profesionales de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, y Trabajo, que concertaron los criterios y condiciones durante reuniones sostenidas entre 2024 y 2025. Asimismo, se asegura la participación de los sujetos obligados, principalmente fabricantes e importadores de sustancias químicas, quienes deberán reportar información mediante la plataforma INSQUI y podrán presentar observaciones durante los procesos de publicación de los listados de priorización. Esta iniciativa también contempla mecanismos transparentes de consulta pública y comunicación con los interesados, en línea con las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fomentando así la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de sustancias químicas industriales. Con la implementación de esta resolución, se espera avanzar hacia un manejo más responsable y sostenible de los riesgos químicos en el país, protegiendo tanto la salud humana como el medio ambiente.