Contexto y detalles del proyecto de decreto
El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, propondría modificar y adicionar el Decreto 1082 de 2015, que reglamenta el sector administrativo de Planeación Nacional. La iniciativa buscaría actualizar y complementar la regulación vigente en materia de contratación estatal, en especial en lo relativo a la compra pública sostenible, la caución para impugnaciones en el RUP, la gestión de información sobre sanciones y inhabilidades, y la inclusión de cláusulas anticorrupción.
Este decreto se inscribiría en el marco normativo que incluye la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones constitucionales y legales que orientan la función administrativa hacia la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad. Además, atendería recomendaciones internacionales, como las formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, y compromisos internacionales en materia ambiental y de lucha contra la corrupción.
Objetivos y grupos afectados
El propósito principal del proyecto sería fortalecer la contratación pública como herramienta estratégica para promover la sostenibilidad social, ambiental y económica, así como para garantizar la transparencia y la integridad en los procesos contractuales. De este modo, las entidades estatales, proponentes, contratistas y demás actores vinculados a la contratación pública resultarían directamente afectados.
Principales modificaciones y medidas específicas
Entre las modificaciones más relevantes se encontrarían:
- Incorporación de criterios de sostenibilidad en la planeación y evaluación de contratos: Las entidades estatales deberían elaborar planes anuales de adquisiciones con enfoque estratégico que incluyeran criterios sociales, ambientales y económicos, considerando los impactos a lo largo del ciclo de vida de los bienes,...
